En el primer semestre de 2019, el máximo tribunal del país ha recibido alrededor de 62 asuntos, dos de ellos relacionados con El Chapo Guzmán.
En los últimos años, el número de casos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada o de procesos de extradición de capos de la droga que han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han incrementado.
En los seis meses del presente año, el máximo tribunal del país ha recibido alrededor de 62 asuntos, dos de ellos relacionados con El Chapo Guzmán, que han sido turnados a diversos ministros de ambas salas para su análisis y posterior elaboración de proyectos de sentencia que serán sometidos a consulta de los togados.
2018 es el año en que más casos relacionados con narcotráfico crimen organizado se recibieron en la Corte, pues fueron admitidos y revisados 152 recursos entre los que destacan amparos, quejas, solicitudes de facultad de atracción, entre otros.
En 2017 llegaron 131 asuntos mientras que el 2016 fueron 117, en 2015 un total de 116 y en 2014 alrededor de 110 casos llegaron a las oficinas de los 11 ministros de la Suprema Corte.
Litigios
Ante esto, los abogados de capos de la droga como Joaquín El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero y José Eduardo Costilla, El Jaguar entre otros han caminado por los pasillos de la Suprema Corte para buscar conseguir el beneficio de la justicia mexicana para estos líderes del crimen organizado, principalmente para intentar evitar su extradición a EU.
Fuentes judiciales de alto nivel señalaron a Excélsior que los ministros del máximo tribunal del país en ningún momento se han sentido intimidados a pesar de conocer y en ocasiones escuchar los argumentos de los propios representantes legales de estas cabecillas del narcotráfico en México.
Justo un día antes de ser llevado a la Unión Americana, la Primera Sala de la Corte negó por mayoría de votos atraer para su revisión un amparo a Joaquín Guzmán Loera, quien solicitó ante el Poder Judicial de la Federación no ser llevado al vecino país del norte pues, a su decir, se habían violentado sus derechos humanos durante el proceso de extradición, iniciado por la Cancillería mexicana.
El 18 de enero de 2017 ninguno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó atraer los dos amparos que El Chapo Guzmán presentó en contra de su extradición a los Estados Unidos, y que se analizaban en un tribunal federal de la Ciudad de México. Esa misma tarde los magistrados de lo tribunal fueron notificados de la decisión de la SCJN y al día siguiente fue extraditado.
La defensa de Guzmán Loera pretendía que alguno de los cinco ministros que integran la Primera Sala del máximo tribunal del país ejerciera su facultad de atracción; sin embargo, esto no sucedió durante la sesión privada por lo que los expedientes volvieron al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal para que se siguiera desahogando el juicio.
Un día más tarde, los tres magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México determinaron, por unanimidad, negar el amparo a Joaquín El Chapo Guzmán y avalar así su inmediata extradición a Estados Unidos. Lo que se concretó horas después.
En otro asunto, José Antonio Torres Marrufo, quien fuera el principal operador y jefe de sicarios de Joaquín El Chapo en Ciudad Juárez, Chihuahua, logró mantener en la congeladora durante casi cuatro años, la orden de extradición a Estados Unidos que pesaba en su contra.
De forma curiosa, también logró evadir una negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revisar su caso, lo que debió haber puesto fin en definitiva a sus litigios para evitar enfrentar a la justicia en el vecino país del norte.
Casos congelados
Actualmente, alrededor de 24 casos de extradición, que en los últimos años han llegado a la Suprema Corte, se encuentran congelados, pues se espera una respuesta por parte de los ministros para continuar o parar en definitiva los procedimientos.
Otras tantos se encuentran en juzgados y tribunales federales de todo el país, interpuestas por personas que, en los últimos años, han sido solicitadas por diversos países en extradición al gobierno mexicano.
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