La declaratoria se emitirá hasta que el máximo tribunal decida su legalidad
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida sobre su constitucionalidad.
Con ello empieza a correr el plazo de 30 días para que sea impugnada ante la Corte por medio de acciones de inconstitucionalidad.
Esta decisión se toma, reconoció Peña Nieto, frente a la inconformidad de organizaciones y colectivos que afirman que el contenido de esa legislación es inconstitucional.
«Por eso no emitiré la declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad, así la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva», dijo.
Tras la promulgación, estarán legitimados para impugnar la CNDH, el 33 por ciento de diputados y senadores, y el INAI, por lo que toca a un solo artículo que clasifica información como reservada.
La Ley de Seguridad Interior establece que el Presidente debe emitir dicha declaratoria para que las Fuerzas Armadas actúen en determinado territorio.
Peña aclaró que su decisión no significa que dejará de haber intervención de éstas en materia de seguridad pública mientras se decide el destino de la nueva legislación.
Por la mañana el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) entregó al Presidente Enrique Peña Nieto una carta en la que le pide escuchar a la sociedad y vetar la Ley de Seguridad Interior.
«Conminamos a que se escuche a la sociedad civil y que el Presidente Enrique Peña Nieto, acorde con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vete la Ley de Seguridad Interior», indica.
La misiva fue entregada por el director de la organización, Francisco Rivas, en una reunión previa de la XLIII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), que se realiza en Palacio Nacional.
Existe varios puntos de la Ley de Seguridad Interior que deben considerarse:
En el artículo 11 se establece que el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior, es decir, una intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto.
Esto, cuando se identifiquen Amenazas a la Seguridad Interior, que “comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla”, o se identifique “la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional”.
Al existir las condiciones de amenaza mencionadas en el punto anterior, el presidente de la República, “previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, la Declaratoria de Protección a la Seguridad interior”.
Al expedirse la Declaratoria, debe tener el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional, y luego la Secretaría de Gobernación debe notificar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para proceder a la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En el artículo 16, sin embargo, también se establece que “en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”, el Presidente de la República, “bajo su estricta responsabilidad”, podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas.
Lo anterior, se señala, “sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior en el menor tiempo posible”.
En el artículo 7, se establece que “los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán someterse, en todo momento y sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.
“En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas”, es otro de los puntos señalados en el artículo 7.
El artículo 8 indica que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”.
En el artículo 15 se señala que al emitirse la declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, deberá fijarse el plazo de la intervención de las fuerzas armadas, “la cual no podrá exceder de un año”.
“Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo”, sin embargo, “las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad de las Acciones”.
En la ley se establece que “las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Sobre este último punto, la Red en Defensa de los Derechos Digitales opinó:
“La vaguedad y amplitud en la redacción de la Ley de Seguridad Interior abre la puerta para que las Fuerzas Armadas lleven a cabo medidas como la intervención de comunicaciones y la recolección de información privada de cualquier individuo a través de cualquier método, sin que existan límites claros ni se establezcan de manera explícita controles democráticos o mecanismos de rendición de cuentas”.