El Poder Judicial está enfrentando una asfixia presupuestaria, así lo acusó la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández anunciar el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024.
Norma Piña aseguró que el presupuesto se construyó bajo los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez al tiempo de considerar que se pedirán los recursos necesarios para garantizar la continuidad y la impartición de justicia.
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Destacó que en este proyecto de 84 mil 792 millones de pesos de presupuesto enviado para aprobación de la Cámara de Diputados se encuentra una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados.
«El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra norma fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, explicó.
Según Excélsior, la ministra informó que, conforme a las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda al cierre de este año, el PJF solicita un incremento real de 4% respecto del presupuesto aprobado para el 2023.
«Los recursos solicitados”, explicó, “se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto de nuestro país”.
La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos en cada uno de los cuerpos colegiados y considera ahorros y economías derivados de la aplicación de medidas de racionalización y austeridad.
Manifestó que en los últimos años la Judicatura ha visto disminuida su participación en el Presupuesto de Egresos de la Federación en comparación con otros entes públicos: “En el periodo 2018 a 2023, los recursos asignados en su conjunto al Poder Judicial han disminuido 15.4% términos reales”.
«Lamentablemente, la consecuencia de asfixiar a través de un recorte presupuestal del Poder Judicial es colocar, inmediatamente, a los más necesitados en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos. Desde el Poder Judicial asumimos la gran responsabilidad que tenemos de cara a la sociedad en cada sentencia, de cada acto que repercute en la vida de las personas. Sin embargo, nuestra actuación –como cualquier función pública– está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal”.
En lo que respecta al TEPJF, mencionó que el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular “ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos.”
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Sobre el presupuesto asignado al Consejo de la Judicatura, la ministra informó que, derivado del incremento continuo en la demanda de justicia federal de los últimos cinco años, en el 2024 se habrá de resolver 1.3 millones de casos nuevos; también se requerirá la creación de 45 órganos jurisdiccionales más para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral.
Foto: Especial