Organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos y derechos de la niñez, adolescencia y juventud hacen un llamado al presidente electo y a su gabinete para que los coloque como prioridad.
Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 0 y 29 años de edad constituyen el 52.3% de la población mexicana, por lo que es necesario que el nuevo gobierno tenga clara la importancia de garantizar sus derechos, consideran los integrantes de 4 colectivos de la sociedad organizada (10 por la Educación, MxporlaNiñez, Red de Instituciones Especialistas en Juventud y Desarrollo, Pacto por la Primera Infancia, en representación de más de 450 OSCs.) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En México la pobreza y la brecha de oportunidades afectan de manera especial a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes: 21.4 millones de niñas, niños y adolescentes viven en pobreza; mientras que 9 millones de los 15 millones de jóvenes de 15 a 29 años que se encontraban ocupados en el primer trimestre de 2017 estaban en el sector informal.
Por lo que las organizaciones reunidas en el colectivo #NiñezyJuventud consideran muy positivo el planteamiento del virtual presidente electo de enfocarse en reducir ambas problemáticas.
México es un país con instituciones sólidas y leyes de avanzada, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en 2014; sin embargo, requiere mayores esfuerzos para que la aplicación de la ley sea una realidad en beneficio de toda la niñez.
Para dar máxima prioridad a la #NiñezyJuventud y garantizar sus derechos, se propone al gobierno electo la siguiente agenda mínima:
Fortalecimiento Institucional
Elevar el nivel político de las instancias de niñez y juventud (Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA, e Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE), dotándoles con el máximo de los recursos humanos y financieros disponibles para cumplir con sus obligaciones en los tres órdenes de gobierno.
Autonomía de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Desconcentrar las Procuradurías de Protección del Sistema Nacional para la Desarrollo Integral de las Familias a nivel federal, estatal y municipal, garantizando que cuenten con recursos técnicos, financieros y operativos autónomos y suficientes para cumplir con su función de proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Inversión pública para niñez y juventud.
La inversión pública en infancia y juventud no es suficiente, está mal distribuida y no logra el impacto necesario para garantizar todos los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Es necesario que en el Presupuesto de Egresos 2019 se incremente la inversión, se mejore la calidad del gasto y se rindan cuentas sobre el ejercicio de los recursos.
Inclusión en la planeación nacional de desarrollo.
Se requiere que la niñez y juventud, así como las organizaciones defensoras de sus derechos estén presentes en todas las fases de la planeación de nacional de desarrollo.
Participación.
Es urgente crear mecanismos de participación para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como las OSCs defensoras de sus derechos para que tengan una intervención sustantiva en todas las decisiones de política que afectan la garantía de sus derechos.
Legislación.
Desarrollar la legislación de protección a los derechos de la juventud y concluir el proceso de armonización legislativa de la LGDNNA. La petición de las organizaciones de la sociedad civil y UNICEF reunidas en este colectivo es que se instale una mesa de diálogo para poder aportar sus conocimientos y experiencia al nuevo gobierno para el desarrollo de esta agenda.
La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es resultado de una lucha histórica de la sociedad civil organizada. Esta lucha no está concluida. El Presidente Electo tiene la oportunidad de transformar la vida de 1 de cada 2 mexicanos.