Firmas como Mobike , Grin y Movo iniciaron una campaña de recolección de firmas en la plataforma change.org para modificar el esquema.
Empresas de bicicletas sin anclaje y monopatines, las cuales se encuentran en su última etapa de registro ante la Secretaría de Movilidad (Semovi), se pronunciaron en contra de la propuesta de las autoridades para regular el servicio, por lo que iniciaron una campaña de recolección de firmas en la plataforma change.org para modificar el esquema.
La petición, inscrita por la compañía de bicicletas Mobike y las de scooters Grin y Movo, hasta el momento acumula cinco mil 841 rúbricas, en ella se señala que el límite de cuatro mil 800 bicicletas y tres mil 500 monopatines entre las 11 empresas que ofrecerán el servicio se traduce en sólo un vehículo por cada mil habitantes, lo que obligará a los usuarios a buscar modos de transporte no sustentables.
Asimismo, afirmaron que el impuesto de mil cinco pesos por bicicleta y mil 350 por monopatín es alto en comparación con los 450 pesos que se cobra por la tenencia de un automóvil en la CDMX.
Así, solicitaron que se incremente el número de unidades, según la demanda existente y con base en una propuesta del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés) de tener entre 10 y 30 vehículos de micromovilidad por cada mil habitantes. También pidieron ampliar el polígono de operación a Azcapotzalco, Coyoacán e Iztacalco.
Miguel Abad, director de Movo, comentó a La Razón que si se acepta la contraprestación propuesta por Semovi, habrá un incremento de precios para los usuarios, por lo que llamó a calcular el pago con base en el costo del vehículo.
“Lo justo sería que, si un monopatín tiene un precio de 15 mil pesos, la contraprestación anual fuera de 450, equivalente al tres por ciento del costo”, explicó.
Asimismo, acusó que la propuesta de la Semovi para el pago es engañosa, pues se otorgarán los permisos a través de una subasta y el monto de recaudación real podría ser mayor.
Además del probable incremento en las tarifas, también los cargadores y reubicadores podrían verse afectados, pues Abad estimó que hasta una cuarta parte perdería su empleo.