El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, así como el exjefe de la policía municipal de Iguala, Felipe Flores, recibieron auto de formal prisión por parte de un juez federal por delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

El juzgado segundo de distrito en procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, consideró que el Ministerio Público Federal aportó pruebas de su presunta responsabilidad al estar relacionados con el Cártel Guerreros Unidos y por la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos" de Aytozinapa en septiembre de 2014.

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Funcionarios federales refirieron que la determinación jurídica se notificó a los representantes del Ministerio Público Federal y a los defensores de los acusados.

El Ministerio Público entregó los testimonios de dos testigos protegidos que señalaron a Abarca y a Pineda de brindar protección a integrantes de Guerreros Unidos.

En la indagatoria contra de Abarca y su esposa, también se encuentran acusados, el general José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería, y tres militares más que se encontraban bajo su mando el 26 de septiembre de 2014 cuando se realizó la desaparición de los normalistas.

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Entre los testimonios que aportaron en el pliego de consignación los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentran los de un testigo protegido identificado con el nombre clave de “Juan”, cuya identidad corresponde a Gildardo López Astudillo, alias "El Cabo Gil", uno de los líderes regionales de Guerreros Unidos y uno de los que ordenó la ejecución de los normalistas, según las investigaciones de la FGR.

Asimismo, se aportó la declaración ministerial de otro testigo protegido con el nombre clave de "Karla", quien aseguró que el matrimonio Aabrca-Pineda tenía nexos con el grupo delictivo.