Más de 3.9 millones de crímenes en México al año son cometidos con un arma fabricada en Estados Unidos, y entre el 70% y el 90% de las armas aseguradas en escenas criminales han sido traficadas ilegalmente desde ese país, aseguró el gobierno mexicano en su demanda civil de daños contra fabricantes del país norteamericano.

Del total de armas estadounidenses recuperadas en crímenes violentos, el 68.4% han sido producidas solo por siete empresas, mismas que fueron objeto de la demanda del gobierno de México: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett; también fue demandado el distribuidor Interstate Arms.

La demanda civil, presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante la Corte de Distrito de Massachusetts, en Boston, acusa a los fabricantes de haber “inundado” el país con armas traficadas ilegalmente; de haber “victimizado” al gobierno mexicano y a su población, y, en general, de haber “escrito una historia de horror” de este lado de la frontera.

La acusación de 139 páginas afirma que dichas empresas son responsables de armar a los cárteles de la droga y otros grupos criminales, y las señala de negligencia en sus prácticas comerciales, que incluyen el apoyo de distribuidores corruptos, en aras de obtener ganancias millonarias.

El documento estima que, de las 873 mil armas que anualmente son introducidas a México desde Estados Unidos mediante el tráfico ilegal, entre 342 mil y 597 mil surgieron de los fabricantes y vendedores acusados. Las ganancias obtenidas por estos rondaría los 170 millones de dólares al año.

La denuncia sostiene que las empresas demandadas son conscientes de que sus armas, que en su mayoría son para uso bélico, terminan en manos de los cárteles mexicanos y que son utilizadas en actividades de tráfico de drogas, homicidios, secuestros y extorsiones; incluso, señala que algunas armas son producidas o diseñadas específicamente para gusto de los narcotraficantes.

El documento menciona algunos de los casos violentos en los que fueron utilizadas armas fabricadas por las compañías demandadas. Por ejemplo, en el atentado que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el 26 de junio de 2020, fueron hallados tres rifles Barrett calibre .50, una pistola Smith & Wesson 9 mm, un rifle Smith & Wesson 5.56 mm, un rifle Ruger 5.56 mm, y un rifle Colt 5.56 mm.

Otro ejemplo es el de la persecución y detención -temporal- de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. La acusación indica que los sicarios superaron en poder de fuego a las Fuerzas Armadas con rifles Barrett calibre .50, armas de asalto tipo AK-47 y AR-15, y armas cortas Beretta y Glock.

“Armas de varios de los acusados (los fabricantes) fueron usadas por sicarios en una balacera con la Guardia Nacional, el Ejército y policías (…). Pero los sicarios que llegaron a la escena alcanzaron superioridad de fuego teniendo vehículos montados con armamento pesado y armas de varios de los acusados”, cita el documento judicial.

En el asesinato de la periodista Miroslava Breach, en 2017, también fue utilizada un arma corta de Colt, empresa responsable de la fabricación de más de 2 mil armas de asalto recuperadas en México entre 2006 y 2018, según la demanda.

“Colt ni siquiera intenta esconder su complacencia con el mercado criminal en México. Colt produce tres modelos de armas que específicamente están dirigidos al mercado mexicano. Estos son la pistola calibre .38 ‘El Jefe’, la calibre .88 ‘El Grito’, y la calibre .38 ‘Emiliano Zapata 1911’. Estos modelos son símbolos de estatus y son codiciadas por los cárteles de la droga, y son traficadas a México desde Estados Unidos en grandes cantidades”, cita la denuncia.

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