Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya estos bienes ancestrales se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño.
El atentado contra el pasado y culturas prehispánicas con obras irregulares no se limita al caso reciente de la zona arqueológica de Teotihuacan, Estado de México, que permaneció impune durante tres meses.
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos (1972) plantea que cuando las autoridades estatales y municipales decidan intervenir este tipo de inmuebles lo harán sólo con previo permiso y dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Las obras que se ejecuten sin la autorización, serán suspendidas o demolidas. Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya estos bienes ancestrales se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.
Pero la Ley, ya sea por complicidad entre autoridades, sobornos o ambigüedad en su aplicación, se ha violado más de una vez en casos como las zonas arqueológicas de Cholula, Puebla; Teotihuacan, Estado de México y Cuicuilco, Ciudad de México.
“Es por negligencia y omisión de los departamentos jurídicos del INAH y de autoridades municipales y estatales. Tenemos una buena legislación, pero por corrupción no se aplica y esto genera impunidad”, dijo en entrevista Sergio Gómez, uno de los arqueólogos del INAH citados en la investigación del New York Times (Pulitzer 2013) sobre los sobornos que Walmart México entregó a autoridades del Estado de México y federal para construir frente a la zona arqueológica de Teotihuacan una Bodega Aurrerá, inaugurada en noviembre de 2004 y operando hasta la fecha.
“Cada que hay una obra ilegal se destruyen o afectan vestigios, por lo que se pierde definitivamente la oportunidad de acceder al conocimiento de las antiguas culturas que habitaron un territorio; es como arrancar hojas de un libro que impide entender una trama o final”, explicó el arqueólogo. “En cualquier otro país del mundo quisieran tener una mínima parte de la riqueza arqueológica, histórica y cultural que poseemos en México”.
Gómez expuso que, más allá de los beneficios económicos turísticos, las zonas arqueológicas tienen una importancia educativa para los pueblos originarios o comunidades aledañas, son elementos que fortalecen la identidad de una nación y, a nivel internacional, permiten entender el desarrollo de la humanidad al grado de designar algunas como Patrimonio de la Humanidad.
Carolina Sánchez, investigadora del Programa de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, agregó que para los pueblos originarios las zonas arqueológicas siguen siendo espacios sagrados donde realizan rituales. “Ellos son los descendientes de quienes ocuparon esas ciudades”, destacó.
Pero, coincidió, por intereses económicos, corrupción o falta de recursos para su protección, se siguen instalando obras irregulares que dañan esta evidencia material de la época prehispánica. Sánchez contextualizó estas construcciones ilegales en sitios arqueológicos dentro de la imposición de megaproyectos en pueblos indígenas que no sólo atentan contra su cultura, sino que generan conflictos sociales y muertes.
“No es suficiente tener un marco jurídico, sino que es necesario que las instituciones se apeguen y se verifique que se cumpla”, planteó.
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