La organización defensora consideró que el gobierno federal decidió renunciar a sus obligaciones legales con la niñez.
La idea equivocada de que el virus no afectaba a la niñez y adolescencia, o lo hacía en menor medida, generó que durante la pandemia del Covid-19, el gobierno federal fuera omiso en la atención de la niñez y adolescencia, cuya protección tendió a disminuir, incluso presupuestalmente, reprochó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Al publicar su balance Anual 2020 “El año de la sindemia y el abandono de la niñez en México”, la organización defensora consideró que el gobierno federal decidió renunciar a sus obligaciones legales con la niñez, pues en medio de la pandemia se anunciaron nuevos recortes presupuestales que afectan la garantía del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes, en al menos 16 programas.
Tal fue el caso del Programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras que sufrió un recorte presupuestal de casi el 50% en el Ejercicio Fiscal 2019, lo que sumado a las consecuencias por el Covid-19 impactará en las políticas dirigidas al desarrollo del capital humano inclusivo y principalmente a la primera infancia y con discapacidades.
Mientras que los servicios de atención a la niñez y adolescencia, que ha servido como igualador de oportunidades colocando a las niñas, niños y adolescentes en una situación de mayor vulnerabilidad, sufrieron un recorte para el 2021, ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, el gasto público para estos servicios se estimó en 6,295 millones de pesos, esto es 0.3% menos con relación al 2020.
Para 2021, se etiquetaron 791,632 mdp, para la atención a la infancia y la adolescencia, lo que representa el 17% del gasto programable neto y un incremento mínimo de 0.2% respecto del 2020; no obstante, la distribución de este recurso no es equitativo según los grupos etarios, siendo la primera infancia y la adolescencia en donde se realiza una menor inversión, con el 2% y 4% respectivamente, del total del gasto programable.
Además, se advirtió que en el PEF 2021 no hay asignación de presupuesto a la coordinación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) lo que dificultará su implementación; asimismo, continúa la falta de presupuesto a programas de atención a la infancia poniendo en riego el desarrollo de niñas y niños.
También se mira el recorte del 19% en el Programa de Salud Materna y Reproductiva, lo que significa un retroceso en cuanto a los derechos de las mujeres, afectando el avance logrado en los últimos años en materia de violencia de género, planificación familiar, incluyendo el embarazo adolescente.
El informe añade que hubo una disminución en el presupuesto del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social podría afectar la provisión de servicios que se otorgan a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) como desayunos escolares.
“Para contrarrestar los efectos esperados se requiere emplear todos los recursos disponibles, tecnológicos u otros, e innovar para desarrollar nuevas estrategias que respondan a las necesidades de todas las familias, en particular aquellas con niñas, niños y adolescentes que están siendo más afectadas, independientemente de su condición socioeconómica. La disposición de recursos financieros no debe considerarse como un impedimento para la garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes”, agrega.
Por otro lado, se dijo que la invisibilidad de la niñez -que ya tenía antes de la Pandemia– se ha profundizado porque la narrativa sanitaria ha eclipsado todos los otros temas pendientes en el país, por lo que “precisamente por ello la importancia de transitar a “un enfoque sindémico” que permita mirara cómo se interrelaciona la Pandemia de COVID19 con las epidemias de obesidad, violencia sexual, violencia armada, desigualdad económica y abandono escolar”.
Sobre este último tema, la Redim recordó que la pandemia de Coronavirus, que provocó el cierre de las escuelas, afectó en total a 4.8 millones de estudiantes de preescolar, 14 millones en educación primaria y 6.5 millones en educación secundaria.
Y a pesar de diversos esfuerzos para mitigar el cierre de escuelas, entre los que resaltan la iniciativa de educación a distancia “Aprende en casa”, el 48.5% de familias que participaron en la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, reportaron dificultades para continuar con la educación por falta de una computadora o internet.
Mientras que 1.4 millones de hogares todavía no cuenta con señal de televisión digital, sólo el 44.3% de los hogares del país disponen de computadora y sólo el 52.9% de las familias en México tiene acceso a internet mediante conexión fija o móvil.
“La decisión de usar la radio y televisión se entiende ante una emergencia en los primeros meses, no obstante, no puede considerarse como la medida principal y permanente del nuevo ciclo educativo 2020-2021 porque la evidencia muestra que, sin la comunidad educativa, escaso acceso a internet ni condiciones óptimas para estudiar no existirá aprendizaje significativo y representará la exclusión de los más pobres”, plasma el documento.
En tanto, se agregó que pese a los portales, plataformas y estrategias de atención virtual que se han desarrollado y siguen expandiéndose, muchos niños, niñas y adolescentes reciben pocas o nulas oportunidades de aprendizaje, por lo que es altamente probable que muchos/ a se sumen a los 5.2 millones de niñas, niños y adolescentes que ya no asistían a la escuela antes de la pandemia.
“Este riesgo se incrementa en las comunidades migrantes e indígenas, para las cuales no existe información sobre modalidades que respondan a sus particularidades”.