Ante la negativa a las mociones suspensivas presentadas por la oposición, los diputados de Va Por México abandonaron el salón.
Con 298 votos a favor de Morena, PT, PVEM y MC, y 197 abstenciones de PAN, PRI y PRD se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa presidencial que reforma a la Ley Minera para dar paso a lo que la coalición Juntos Haremos Historia llamó la nacionalización del litio.
El dictamen, enviado al Senado para continuar con el proceso legislativo, incluyó ajustes presentados por el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velasco.
“Se declara de utilidad pública el litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia. Serán consideradas zonas de reserva minera aquellas en que haya yacimientos de litio”, se precisa en el texto.
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“Se reconoce que el litio es patrimonio de la nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México”, se indica.
El bloque de los legisladores de Va por México se ausentó de la sesión y del debate, después de que fueron desechadas las mociones suspensivas que presentaron a través de representantes del PRI y del PAN.
La oposición solicitó que la iniciativa se procesara en comisiones para su cuidada dictaminación y cuestionó la prisa del gobierno por establecer una supuesta nacionalización que ya estaba en la ley hasta entonces vigente.
El término “beneficio” que los legisladores agregaron a la caracterización jurídica del concepto nacionalización también se incorporó para el caso de las tareas que deberá desplegar la futura institución que habrá de garantizarla.
“La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables”, se precisó en la reserva correspondiente.
Fue la champaña
El jefe de los morenistas en San Lázaro dijo que los argumentos de la oposición eran pretextos.
“Anoche se reunieron para festejar con champaña, con sus dueños y ya les dijeron: ‘oye, no permitas eso porque es un gran negocio’. Eso es, hombre. Que no haya inocencia. Están protegiendo intereses económicos. No quieren la nacionalización del litio”, ironizó el coordinador Ignacio Mier.
En el pleno, se consideró de urgente resolución y se le dispensaron todos los trámites, con el aval de la mayoría de Morena y sus aliados, quienes festejaron: “Sí va a pasar, sí va a pasar”, en alusión a la consigna que la noche anterior lanzaron los de oposición al advertir que la reforma constitucional eléctrica sería rechazada.
“El Presidente dice que hay que nacionalizar el litio, pero la iniciativa admite que el artículo 27 constitucional reconoce que la nación ya tiene dominio directo sobre los minerales, sí, incluyendo el litio”, expuso el diputado de MC, Mauro Garza.
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Ante la negativa a las mociones suspensivas presentadas por la oposición, los diputados de Va Por México abandonaron el salón.
El diputado Carlos Iriarte (PRI) lo anunció así: “Nosotros votaremos en abstención y una vez votando en abstención nos retiraremos del recinto, porque no coincidimos con violentar el Estado derecho”.
El morenista Amílcar Sandoval pidió que les descontaran el día a los ausentes. Su compañero de bancada Hirepan Maya Martínez ironizó: “Al parecer amanecieron un poco crudos”.
Más que un debate sobre cómo explotar lo que denominaron “el oro blanco”, fue una sesión con alusiones a lo sucedido el domingo y en la que se atizó el linchamiento en contra de quienes frenaron la Ley Bartlett.
El petista Gerardo Fernández Noroña llamó a sus compañeros de la 4T a trabajar para que “no vuelvan a tener un voto nunca más (…) tenemos que hacer una campaña durísima, les tenemos que ganar”.
El coordinador panista, Jorge Romero, calificó de burda, express, y al vapor la manera en que se estaba procesando la reforma.
El coordinador de la bancada del PRD, Luis E. Cházaro, criticó la propuesta como “un panfleto populista, un documento redactado con aires de revanchismo que, en su exposición de motivos, enuncia que ‘se aplican normas oficiales de carácter administrativo por encima y en contra de los derechos humanos’ sin notar que esas normas oficiales que censura son generadas por el propio Ejecutivo”, criticó.