Desde 2010, la violencia vinculada al crimen organizado ha tenido un saldo devastador para los buscadores de desaparecidos en México. De acuerdo con un conteo realizado por este diario, se han registrado 21 muertos y dos personas desaparecidas dentro de este colectivo de personas que luchan por la justicia.
El más reciente asesinato fue el de Sofía Raygoza, ocurrido el día de ayer en Zacatecas, lo que eleva a 16 el número de madres buscadoras asesinadas, mientras que una más permanece desaparecida. Además, cinco buscadores de personas también han sido ultimados, y uno de ellos está desaparecido.
El primer caso documentado de violencia contra este grupo fue el asesinato de la activista chihuahuense Marisela Escobedo, quien luchaba por la justicia en el caso del feminicidio de su hija, Rubí Marisol. El 16 de diciembre de 2010, Marisela fue baleada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, en un acto de impunidad que sacudió a la sociedad.
A partir de ese trágico evento, la lista de víctimas no ha dejado de crecer. En 2011, Nepomuceno Moreno Núñez fue asesinado en Sonora tras denunciar la desaparición de su hijo Mario Moreno León. En 2014, Sandra Luz Hernández fue ultimada en Culiacán, después de haber dedicado su vida a la búsqueda de su hijo Édgar García, quien desapareció en 2012.
El 10 de mayo de 2017, la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, integrante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas, fue asesinada en su domicilio, mientras que en 2018 José Iván Orozco Medina fue víctima de homicidio en Michoacán. A lo largo de los años, otros activistas como Zenaida Pulido Lombera, María del Rosario Zavala Aguilar, y Francisco Javier Barajas también han sido asesinados en diferentes entidades del país.
En los últimos años, los crímenes no cesaron, y otros buscadores como Gladys Aranza Ramos, José Nicanor Araiza, Ana Luisa Garduño Juárez, y Brenda Jazmín Beltrán Jaime han sido víctimas de la violencia. De igual manera, se han registrado asesinatos en 2022 y 2023 de personas que continuaban en la búsqueda de justicia.
El año 2024 no fue diferente, ya que se sumaron a la lista de víctimas Angelita Almeraz León, asesinada en Baja California, y Noé Sandoval Adame, quien fue ultimado en Guerrero. En enero de 2025, el activista Héctor Aparicio desapareció en Veracruz, mientras que Sofía Raygoza, madre buscadora de Zacatecas, fue asesinada en febrero de 2025.
Este patrón de violencia refleja el costo humano de la lucha por encontrar a las víctimas del crimen organizado en México. A pesar de las amenazas y el sufrimiento, los buscadores continúan su tarea en busca de justicia, enfrentándose no solo a la desaparición de sus seres queridos, sino también al riesgo de perder sus propias vidas.
Con información de Excélsior
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