Bajo el dicho de que es un “perseguido político”, el también exdiputado local por el PRD, dijo que no quería volver a México
Este jueves inició la audiencia en la Corte de la República de Chile en seguimiento al juicio de extradición contra el exdiputado federal, Mauricio Toledo, quien manifestó su intención de que el proceso por el delito de enriquecimiento ilícito que se le sigue en la Ciudad de México continúe desde ese país sudamericano al que se fue desde agosto pasado.
La audiencia comenzó a las seis de la mañana, hora de México, y concluyó tras dos recesos; continuará este viernes 17 y se tienen cinco días hábiles para que la autoridad anuncie su decisión.
De acuerdo con el reporte de Radio Fórmula, en la audiencia el juez Mauricio Silva Cansino preguntó a Toledo Gutiérrez si aceptaba la extradición a México o prefería enfrentar el proceso en Chile.
En respuesta y bajo el dicho de que es un “perseguido político”, el también exdiputado local por el PRD dijo que no quería volver a México, sino seguir el proceso penal desde territorio chileno.
En la CDMX, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), aclaró que en la audiencia «el magistrado determinó que, una vez que se desahoguen las pruebas, se tienen cinco días para emitir la sentencia correspondiente».
En un mensaje a medios, en el que no se permitieron preguntas de la prensa, el funcionario agregó que, en la audiencia, “la Fiscalía de Chile ha desahogado los datos de prueba con que se cuenta para imputar el delito de enriquecimiento ilícito, así como testimoniales y dictámenes de peritos en materia de contabilidad que dejan claras las cantidades no justificadas, de conformidad a lo registrado en sus ingresos”.
Según Lara López, la Fiscalía chilena también asentó “la posible acreditación de la doble criminalidad, tanto en Chile como en México, y que se trata de un delito extraditable, además de hacer referencia a los tratados internacionales que obligan a las partes, y la excepción de que no existe persecución política, esto es así porque se trata específicamente de un delito de lucro, de alguien que ocupó cargos políticos y se benefició de ellos, y no se le persigue por sus ideas o militancia partidista”.