En diciembre de 2014, los investigadores sacaron cientos de fragmentos óseos del área conocida como barranca de La Carnicería. Nunca los mandaron a analizar, ni tampoco siguieron buscando.
En diciembre de 2014, un grupo de autodefensas de Guerrero encontró restos de huesos en un paraje a las afueras de Cocula. El grupo peinaba la zona desde hacía semanas, buscando indicios de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre en el pueblo vecino de Iguala. Cuando encontraron los huesos, avisaron a la prensa y las autoridades.
El 15 de diciembre, fiscales y peritos de la fiscalía federal llegaron al lugar, conocido como la barranca de La Carnicería. Levantaron cientos de pequeños fragmentos de huesos humanos, casi un kilo, según documentos de la investigación a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Pese a la relevancia del hallazgo, la vieja fiscalía, la Procuraduría General de la República (PGR), comandada entonces por Jesús Murillo Karam, nunca ordenó un análisis genético de los restos. Los investigadores tampoco ampliaron la búsqueda.
Sin embargo, este año fue identificado otro estudiante a partir de restos hallados en ese mismo predio. A finales de 2014, la PGR acababa de presentar su teoría del caso. De acuerdo a esta versión, que el mismo Murillo divulgó en noviembre de 2014 ante la prensa, un grupo local de delincuentes, Guerreros Unidos, había desaparecido a los 43 con la ayuda de policías municipales de Iguala y Cocula.
Según Murillo, los delincuentes habían asesinado a los muchachos y habían quemado los cuerpos en el basurero de Cocula. Luego arrojaron sus restos al río San Juan, cerca del basurero.
El 7 de diciembre, la fiscalía anunció que unos huesos hallados en el río semanas antes coincidían con el perfil genético de uno de los 43, Alexander Mora. Con la identificación de Mora se apuntalaba la narrativa construida por la Administración de Enrique Peña Nieto.
Ajena a la teoría de los investigadores, la aparición de unos huesos en una barranca a cientos de metros del basurero quedó en el olvido.
La omisión de la vieja fiscalía cobra relevancia ahora, a la luz de los nuevos hallazgos en La Carnicería. El año pasado, la nueva administración de la fiscalía reinició las búsquedas en la barranca y encontró nuevos restos. Hace unos meses, los investigadores anunciaron que uno de los fragmentos óseos encontrados en el paraje coincidía con el perfil genético de Christian Rodríguez, otro de los 43.
Esto abrió cantidad de interrogantes: ¿cómo llegó el hueso de un pie de Christian a la barranca? ¿Lo mataron allí? ¿Lo mataron en otro lado y lo llevaron allí? Algunos se preguntaron incluso si un hueso tan pequeño, de apenas unos gramos, resultaba suficiente para asumir la muerte del estudiante. En todo caso, la identificación del normalista enterraba finalmente la versión de Murillo Karam, cuestionada a lo largo de los años por las familias, sus abogados y expertos independientes que llegaron a México a estudiar el caso.
Una fuente de la actual fiscalía que prefiere no ser identificada lamenta que sus predecesores no analizaran genéticamente los restos encontrados en 2014 en La Carnicería.
El hallazgo del hueso de Christian en una zona cercana a donde aparecieron estos otros aumenta las expectativas sobre su origen. Si la pandemia lo permite, el Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF, que ha acompañado a las familias de los 43 desde 2014, seleccionará los fragmentos susceptibles de contener material genético en las próximas semanas. La fiscalía mandará entonces los fragmentos seleccionados al laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria, para su análisis.
Este laboratorio es el mismo que identificó a Mora y Rodríguez. De acuerdo al acta ministerial que elaboraron los fiscales, los peritos que acudieron al paraje el 15 de diciembre de 2014 guardaron los restos que encontraron en tres bolsas. Escribieron una leyenda en cada una, “material para procesar en laboratorio”, “fragmentos de hueso quemado” y “fragmentos de huesos quemados y dientes (en criba)”. Luego las guardaron.
Los fiscales encargados del caso, Yazmín Jiménez y Alberto Manuel Burciaga, no solicitaron a los peritos que analizaran los restos hasta 11 meses y 15 días después.
En ese tiempo, los fiscales no volvieron a la barranca. Tampoco lo hicieron después. Solo con el cambio de Gobierno y la llegada de nuevos investigadores, la barranca apareció de nuevo en el horizonte de la fiscalía. “NO ME SIRVEN” Según el expediente, el 30 de noviembre de 2015 fue el primer día de peritajes. La fiscal Jiménez llegó a la coordinación de servicios periciales de la PGR en Ciudad de México a las 13.00.
Jiménez y cuatro peritos expertas en genética, antropología y odontología abrieron las bolsas y examinaron los fragmentos. Era el primer acercamiento. Sin embargo, aquel primer día, la perito en genética Berenice Avendaño, descartó que de aquellos restos pudiera sacarse algo. “No me sirven”, dijo, de acuerdo al informe que elaboró más tarde la fiscal Jiménez.
Los trabajos acabaron a las 20.00. Al día siguiente, las peritos de antropología y odontología volvieron con la fiscal Jiménez.
La de genética no volvió. Midieron, pesaron y tomaron radiografías de los restos y empezaron a elaborar sus informes.
Entre dientes y huesos contaron más de 750 fragmentos, todos quemados. Había trozos de huesos largos, del cráneo, de las manos, de los pies, de la pelvis…
Cuando presentaron sus informes -el de antropología el 17 de diciembre de 2015 y el de odontología el 14 de enero de 2016-, los peritos certificaron que se trataba de restos humanos.
Por su mal estado, los peritos dijeron que no podían determinar si los restos pertenecían a más de una persona. En el expediente no constan más estudios ni peritajes posteriores. Para entonces, las investigaciones por el caso Ayotzinapa estaban paralizadas.
Las familias de los 43 rechazaban la versión oficial, más después de que el grupo de expertos independientes enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, descartara en su primer informe, presentado en septiembre de 2015, la hipótesis de una gran hoguera en el basurero de Cocula. El resultado de los análisis del EAAF, presentado en febrero de 2016, acabó de dar la puntilla a la PGR, al coincidir con el diagnóstico de la CIDH.
A través de filtraciones y comentarios de sus funcionarios, la PGR empezó a difundir la idea de que igual no habían quemado a los 43 en el basurero, sino a un grupo más reducido. Pero el núcleo de su hipótesis seguía siendo la misma.
Más allá de los peritajes que descartaban la hoguera del basurero, los expertos de la CIDH y los abogados de las familias de los 43 criticaban que el único sostén de la teoría oficial eran declaraciones de detenidos, obtenidas en muchos casos por tortura. Fueron tales las críticas, que el caso salió de las manos de los fiscales del área de delincuencia organizada y cayó en la subprocuraduría de derechos humanos a finales de 2015.
Para las familias y la CIDH, el cambio de enfoque era esencial. En febrero de 2016, el nuevo fiscal encargado, José Aarón Pérez Carro, trató de averiguar sobre las pesquisas de sus predecesores en la barranca de La Carnicería. Era una petición que los expertos de la CIDH habían hecho desde hacía meses, en repetidas ocasiones.
El 8 de febrero, una fiscal de delincuencia organizada, contestó a Pérez Carro sobre el hallazgo restos óseos de diciembre de 2014. Sorpresivamente, la fiscal, Lourdes López Lucho, dijo que los peritos habían analizado los restos “sin encontrar correspondencia con los perfiles genéticos de los familiares de los normalistas”.
La fiscal no adjuntó ningún peritaje genético a su escrito que probara que los restos de la barranca de La Carnicería no correspondían a ninguno de los 43.