Mediante un comunicado el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) constató que al tener mayor cercanía con la población, los gobiernos subnacionales son el primer punto de contacto cuando se trata de un asunto público. En ese sentido, considera importante que cuenten con las capacidades financieras suficientes para atender las necesidades de la población, y esto se puede lograr a través de una política fiscal que los dote de los recursos necesarios.
El gasto federalizado representa, en promedio, más del 80% de los ingresos de las entidades federativas y en 2025 se reduce 1.2%. Lo anterior provocaría que los ingresos estatales como porcentaje del PIB sean los más bajos desde 2018.
En el documento “Perspectivas de ingresos de los estados 2025”, el CIEP reconoce que, para este año, los ingresos estatales alcanzarían los 519 mil 407.6 mdp; 5.8% más que lo aprobado en 2024. Esto implica que los estados estarían haciendo un mayor esfuerzo recaudatorio para compensar las pérdidas en sus ingresos.
En cuanto a los ingresos estatales por persona, las entidades con mayores recursos propios serían Ciudad de México (13,982 pesos), Sonora (7,498 pesos) y Chihuahua con (6,900 pesos). En cambio, los estados que percibirían menos recursos per cápita serían Guanajuato (145 pesos), Guerrero (701 pesos) y Aguascalientes (1,106 pesos).
Asimismo, la dependencia de los estados hacia los recursos federalizados se ubicaría, en promedio, en 82.1% de sus ingresos totales, un punto porcentual menor a 2024. Más del 80% de los ingresos de 20 entidades seguirán dependiendo de dichas transferencias. Guerrero, Tlaxcala y Veracruz serían los estados más dependientes pues el gasto federalizado representa el 97%, 93% y 92.9% de sus ingresos, mientras que Ciudad de México, Quintana Roo y Sonora destacan por su mayor independencia fiscal, generando recursos propios equivalentes al 44%, 27.3% y 26.4% de sus ingresos.
En México, la diversidad entre entidades federativas se refleja también en sus capacidades administrativas y fiscales, situación que podría limitar el potencial recaudatorio. Una posible alternativa sería incorporar mecanismos fiscales ya existentes en los estados que aún no los tienen contemplados en sus legislaciones, como el impuesto a la tenencia o los impuestos verdes.
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