Los mexicanos están llamados a las urnas para votar en la primera Elección Judicial en las que participan 2.682 aspirantes a jueces y magistrados. De ahí, saldrán 881 cargos para posiciones clave como la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Disciplinario Judicial, así como para centenares de tribunales federales y estatales.
De un juez elegido por el voto popular puede depender desde la custodia de un hijo a la extradición de un narcotraficante pasando por la defensa de derechos y libertades individuales.
Pese al impulso que dio el gobierno de Claudia Sheinbaum al proceso, el desánimo ha privado entre los electores que se han quejado de la falta de información sobre los miles de candidatos que están compitiendo y la complejidad de la votación en la que se elegirán 881 jueces federales.
Para la Elección Judicial están convocados unos 100 millones de mexicanos. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha estimado que la participación podría rondar entre 13% y 20%.
Entre los cargos que se elegirán por primera vez por voto por popular están los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cinco integrantes del Tribunal Disciplinario, 464 magistrados de circuito, 386 jueces de distrito y los magistrados de los tribunales electorales.
La elección surgió de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) que aprobó el septiembre pasado el Congreso —de mayoría oficialista— que desató protestas y críticas de organizaciones internacionales y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que expresaron inquietud de que los cambios pudiesen llevar a la politización y pérdida de independencia de la justicia en México.
Pero Sheinbaum ha desestimado las críticas y ha asegurado que la reforma ayudará a depurar el sistema judicial mexicano que por años ha enfrentado casos de corrupción y nepotismo. “Es la única manera de sanear al poder judicial, que la gente decida”, han planteado la mandataria al descarta que la consulta pueda debilitar la democracia.
Para los especialistas, la elección podría agravar los problemas actuales y abrir el sistema judicial aún más al crimen organizado y a otros actores corruptos que aspiran a hacerse con el poder.
Organizaciones como la asociación civil local Defensorxs —que se dedica al litigio estratégico y a la defensa de los derechos humanos— han alertado sobre la variedad de candidatos que se presentaron a las elecciones, incluidos abogados que representaron a algunos de los líderes de los cárteles, funcionarios locales que se vieron obligados a dimitir de sus cargos por escándalos de corrupción, exconvictos que fueron encarcelados durante años por tráfico de drogas hacia Estados Unidos y personas vinculadas a una secta religiosa.
Con información de AP
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