Activistas condenaron la acción de inconstitucionalidad de la CNDH contra el requisito de no ser deudor de pensión alimenticia para ocupar un cargo público y leyeron un posicionamiento
Integrantes de colectivas y legisladoras exigieron en el Senado de la República la renuncia de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por avalar con la acción de inconstitucionalidad la violencia económica en contra de las mujeres, en perjuicio de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes no que reciben la pensión alimentaria por parte de sus padres.
En conferencia de prensa desde la cámara alta, los inconformes condenaron la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH en contra del requisito de no ser deudor de pensión alimenticia para ocupar un cargo público o de elección popular y leyeron un posicionamiento firmado por alrededor de 300 organizaciones, redes y defensoras de derechos humanos.
‼️EXTRA‼️ Poco más de 300 organizaciones de mujeres exigieron la renuncia de Rosario Piedra en la @CNDH por promover que un deudor alimenticio sí pueda ser candidato.
Piden al @senadomexicano destituirla y a la @SCJN que avale la constitucionalidad de ese requisito. pic.twitter.com/6a7EaFfDzr
— Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) August 17, 2022
Entre sus exigencias también está que si la titular de la CNDH no presenta su renuncia, el Senado de la República deberá iniciar un procedimiento para la destitución de Piedra Ibarra; además, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifique la constitucionalidad de las reformas aprobadas por el Congreso de Yucatán y contribuya al fortalecimiento del estado de derecho.
«Esta Comisión Nacional de Derechos Humanos solapa a los victimarios, debe odiar a las niñas, los niños y adolescentes de México y debe odiar a millones de mujeres en el país porque los sume en esta petición de inconstitucionalidad, en una angustia que atropella su vida cotidiana”, expresó la senadora panista Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión por los derechos de la niñez y la adolescencia del Senado.
¡Ningún deudor alimentario al poder!
En conferencia de prensa manifesté mi apoyo a las activistas impulsoras de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres.
Que la @CNDH quiera frenar esta iniciativa es inaceptable, atenta contra derechos de mujeres e infancias. pic.twitter.com/tK8ZpzP8a9— Josefina Vázquez Mota (@JosefinaVM) August 17, 2022
Recordaron que la Comisión ignora que además de Yucatán, en Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Oaxaca y la Ciudad de México ya se exige como requisito para ocupar un cargo en la administración pública local, no ser deudor de pensión alimenticia y que en el pasado proceso electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió los lineamientos de la Declaración “3 de 3 contra la violencia”, a fin de garantizar que quien aspirará a una candidatura no sea deudor ni agresor sexual.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no puede ni debe, estar al servicio de intereses personales disfrazados de una supuesta discriminación para legitimar la presencia en cargos públicos y de elección popular de hombres que violan la ley e incumplen con sus obligaciones como padres.
“Las organizaciones congruentes con la defensa de los Derechos Humanos que firmamos este pronunciamiento, rechazamos las acciones emprendidas por la CNDH y reconocemos al Congreso de Yucatán por las reformas aprobadas en favor de la ética en la política y de los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños”, señalaron.
El pasado 7 de julio, Piedra Ibarra promovió una acción de inconstitucionalidad, en contra de la reforma a las leyes de la Comisión de Derechos Humanos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Código de Administración Pública, todas del estado de Yucatán, en las que se establece como un requisito para que una persona pueda ser designada como integrante, titular o candidato, no ser deudor alimentario moroso, al menos que acredite estar al corriente.
La CNDH argumentó que considera que el requisito de no ser un deudor alimentario moroso “es discriminatorio” y “coloca a las personas aspirantes en inseguridad jurídica, pero sobre todo afecta el interés de los acreedores alimentarios, sean estos menores y adolescentes, adultos mayores, discapacitados, cónyuges o ex cónyuges, quienes se verían lesionados en sus derechos por la insolvencia económica de sus deudores”.