La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) acusaciones contra el expresidente Jair Bolsonaro y otras 33 personas por su participación en la orquestación de actos contra los tres poderes del Estado y el Estado democrático de derecho. Los 34 imputados enfrentan cargos de golpe de Estado, organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, daños cualificados y amenaza grave contra bienes federales, con perjuicios considerables para la víctima y el patrimonio protegido.
De acuerdo con la PGR, el expresidente Bolsonaro y su candidato a la vicepresidencia, Walter Braga Netto, fueron los principales líderes de la organización criminal. Juntos, junto a aliados civiles y militares, trataron de impedir que los resultados de las elecciones presidenciales de 2022 se concretaran, bajo un plan coordinado para desestabilizar el orden democrático en Brasil.
Las acusaciones de la Fiscalía se basan en pruebas detalladas, incluyendo manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes que revelan la trama conspirativa. Las investigaciones apuntan que desde 2021 se llevó a cabo una campaña sistemática contra el sistema de voto electrónico, en la que Bolsonaro habría llegado a reunirse con diplomáticos internacionales en 2022 para acusar sin fundamento de fraude electoral en las urnas electrónicas.
La Fiscalía también señaló que durante la segunda vuelta de las elecciones, los órganos de seguridad trabajaron para limitar la votación a favor del opositor Luiz Inácio Lula da Silva, y que las personas involucradas en esos actos facilitaron los disturbios y destrucción ocurridos el 8 de enero de 2023.
Además, las investigaciones revelaron que, al no encontrar pruebas de fraude electoral, los responsables continuaron promoviendo la narrativa de un golpe, presionando al Ejército y fomentando acciones de fuerza en la política para evitar que Lula asumiera el cargo. En uno de los puntos más graves de la denuncia, la PGR acusó que la organización criminal llegó a contemplar la muerte de Lula, su vicepresidente electo, y un miembro del Tribunal Supremo.
El clímax de estos intentos ocurrió el 8 de enero de 2023, cuando se promovió una movilización frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, culminando con la invasión y destrucción de las sedes de los tres poderes del Estado. El costo de los daños superó los 20 millones de reales.
Las denuncias presentadas por la PGR serán analizadas por el ministro del STF, Alexandre de Moraes, quien tiene la responsabilidad de investigar y procesar a los involucrados en este caso.
Sigue la información de última hora en las redes sociales de URBANO Noticias Puebla y Tlaxcala