Y es que el gobierno de EU no le daba al joven la oportunidad de permanecer en el país por un decreto emitido durante la pandemia.
Un juez federal ha impedido temporalmente que el gobierno del presidente Donald Trump expulse a un adolescente hondureño como lo permite un decreto emitido durante la pandemia de coronavirus que no le daba al joven la oportunidad de permanecer en Estados Unidos.
Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y otros grupos, el joven de 16 años debía ser expulsado el miércoles, seis días después de que entró en Estados Unidos para reunirse con su padre. La ACLU señaló que el joven huyó cuando una pandilla amenazó con matarlo porque presenció un asesinato cometido por uno de ellos en su barrio.
El juez de distrito Emmet Sullivan emitió el martes una orden que impide al gobierno expulsar al adolescente hasta el final del miércoles debido a que el caso permanece abierto. El adolescente no fue identificado por su nombre en los registros de la corte.
Carl Nichols, otro juez federal de Washington, propuso el miércoles que se permita al joven permanecer en el país durante dos semanas para dar tiempo a la presentación de los argumentos formales durante una audiencia en una corte. Los detalles estarían en elaboración.
“Esta demanda es un paso crucial para comenzar a resarcir el daño causado por estos dolorosos ataques en contra de nuestra humanidad”, dijo Noah Gottschalk, portavoz de Oxam America, un grupo sin fines de lucro que se sumó al litigio.
La ACLU también interpuso una demanda a nombre de una niña de 13 años que cruzó la frontera sur en abril, y en ella solicitó a un juez que le permita volver a Estados Unidos. La joven esperaba reunirse con su madre, una exagente de policía que fue acosada por pandillas de El Salvador y que ahora reside de forma legal en el país. Según la ACLU, la adolescente estuvo detenida durante una semana en un centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza y en un hotel, y posteriormente la repatriaron a El Salvador.
La Patrulla Fronteriza no respondió el martes a una solicitud de comentario.
Los casos representan las primeras impugnaciones de que se tenga conocimiento a la expulsión de cientos de menores migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México bajo un decreto de emergencia fundamentado en el coronavirus. El gobierno dice que la ley federal en materia de emergencias de salud pública lo obliga a cerrar la frontera a los solicitantes de asilo, aunque sean menores de edad, para impedir el contagio del virus.
De acuerdo con la ley federal, los agentes fronterizos normalmente entregarían a los jóvenes provenientes de países que no sean México y Canadá al Departamento de Salud y Servicios Humanos, que habitualmente coloca a los menores de edad no acompañados con familiares o en hogares temporales. En el caso del joven hondureño de 16 años, los agentes lo encerraron en un centro de detención y luego en un hotel sin darle la oportunidad de solicitar asilo, según la ACLU. El joven goza de buena salud y no exhibe síntomas de COVID-19, según la organización.
Los opositores a las políticas restrictivas del gobierno de Trump en materia migratoria dicen que éste utiliza la pandemia de coronavirus como pretexto para lograr uno de sus objetivos principales: poner fin al asilo en la frontera con México.
“Esta es la política fronteriza más extrema que hemos visto del gobierno”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU. Gelernt argumentó que la demanda del grupo en contra de la separación de miles de familias resultó en el fallo de un juez federal en junio de 2018 en el que ordenó que se reuniera a los padres con sus hijos.
Según una ley de 2008 para evitar el tráfico de personas y el llamado “Acuerdo Flores”, los menores que provengan de países que no sean México o Canadá deben contar con acceso a asesoría legal y no pueden ser deportados de inmediato. También se supone que deberían ser liberados a custodia de algún familiar en Estados Unidos o permanecer detenidos en las condiciones menos restrictivas posibles. Las directrices tienen el objetivo de evitar que los menores sufran maltratos o caigan en las manos de criminales.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus iniciales en inglés) brinda servicios a niños migrantes que fueron detenidos originalmente por agentes fronterizos. Desde que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron el 20 de marzo una orden para restringir la inmigración, el proceso de colocar a los menores en custodia del HHS se ha detenido casi por completo.
Por lo general, la Patrulla Fronteriza detiene cada mes a miles de menores que ingresan desde México, según estadísticas de la agencia. Durante abril, la Patrulla Fronteriza procesó a 166 menores de edad como “sin compañía de un adulto”, lo que significa que serían trasladados a instalaciones de detención de menores del HHS y se les permitiría permanecer en Estados Unidos, al menos temporalmente, y repatrió a otros 600.
El HHS recibe actualmente a un promedio de un menor al día, informó el portavoz de la agencia Mark Weber.