Todos los cantantes de narcocorridos mexicanos podrían perder sus visas y con ello la posibilidad de presentarse en Estados Unidos por difundir las actividades de grupos terroristas, tal como le ocurrió a la banda Alegres del Barranco por mostrar fotografías de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un concierto en Jalisco.
Fuentes del equipo del presidente Donald Trump revelaron que todas las personas que difunden o apoyen las actividades de grupos terroristas o criminales, como los cárteles, son candidatos a revocación de visas.
Agregaron que en dos meses y medio, la administración Trump ha retirado más de 800 visas, principalmente a estudiantes pro palestina, extranjeros de países específicos y a promotores de la violencia del narcotráfico. Además de las visas ya retiradas hay miles de casos más bajo análisis de personas dentro y fuera de los Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha repetido en las últimas semanas que las visas son “un privilegio” para visitar, estudiar o trabajar temporalmente en los Estados Unidos, pero no son un derecho, por lo que el gobierno estadounidense tiene plenas facultades de negarlas y también revocarlas.
Mientras que, el subsecretario Cristopher Landau advirtió que la libertad de expresión no debe quedar libre de consecuencias, al anunciar el retiro de visas a Alegres del Barranco.
“En la administración (de) Trump nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad sobre el acceso de extranjeros a nuestro país. No vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas”.
Así como Los Alegres del Barranco, otros reconocidos exponentes de los personajes del «narco» son Edgardo Núñez, Jr. Salazar y La Barranqueña de Mazatlán, y ni hablar de las figuras Peso Pluma, Grupo Arriesgado, Natanael Cano o Grupo Firme.
En las letras de sus canciones se puede descifrar hazañas delictivas, el estilo de vida que ostentan y hasta su modus operandi, siempre enalteciendo la vida criminal.
El contenido de los «narcocorridos» llega a ser tan verídico que en algunos casos las áreas de inteligencia del gobierno federal lo usan para capturar a criminales, como ocurrió para la detención de Mario Alexander “N”, conocido como El Piyi, antiguo jefe de sicarios de Iván Archivaldo Guzmán.
“De jueves a jueves brindamos apoyo, no nos hacen ni cosquillas soy El Piyi y ando pilas y ando pilas”, dice la letra de un corrido escrito por el popular cantante Luis R. Conríquez junto a Tito Doble P.
“Navegamos línea de Los Guzmán, aquí andamos laborando, no nos sabemos rajar, a un ladito de El Nini me verán, yo jamás me le despego, para mí es como un carnal”, agrega la canción.
No es la primera vez que un gobierno de los Estados Unidos cancela visas ya expedidas. Ocurrió, por ejemplo, en varias ocasiones bajo la llamada ‘Ley Patriota’ (Patriot Act), en los que la administración del ex presidente George W. Bush revocó visas a personas que consideró ligadas a potenciales actividades extremistas y que pudieran representar amenazas a la seguridad tras los atentados de septiembre de 2001.
Sin embargo, la forma en la que ahora la administración del presidente Trump ha empleado este mecanismo ha sido blanco de múltiples noticias, protestas y comentarios en los Estados Unidos debido a que se ha visto como una medida de persecución a opositores políticos, a personas que solo ejercen su libertad de expresión, o a presiones para acelerar los programas de deportación.
Entre los afectados figuran desde estudiantes que han participado en movimientos de protesta en los últimos meses, hasta ciudadanos de personas provenientes de países que se han resistido a recibir a personas que los Estados Unidos han decidido deportar de forma unilateral.
“Las acciones y la retórica del gobierno han contribuido a generar una atmósfera de miedo, amenazan la libertad académica, inhiben la libre expresión y ponen en peligro el bienestar de los miembros no ciudadanos de nuestras comunidades, dijo en un comunicado la Alianza de Presidentes de Educación Superior e Inmigración, una organización no gubernamental especializada en estos temas y que agrupa a más de 500 instituciones educativas.
El sábado 5 de abril, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer la cancelación total de todas las visas de viaje o trabajo concedidas a las personas con pasaporte proveniente de Sudán del Sur, y la restricción completa de nuevas visas a personas de dicha nacionalidad.
Es la primera vez, en la nueva gestión de Trump, que se cancelan visas de forma automática a todos los viajeros provenientes de un país en específico.
Marco Rubio anunció que esta medida era una respuesta a la oposición que ha tenido el gobierno de ese país africano de recibir a personas deportadas de dicho país, muchas de las cuales se encontraban en condiciones de refugiados en los Estados Unidos.
“Dado que el gobierno de transición de Sudán del Sur no ha respetado plenamente este principio, con efecto inmediato, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está tomando medidas para revocar todas las visas que posean los titulares de pasaportes de Sudán del Sur e impedir la emisión futura para evitar la entrada a los Estados Unidos de titulares de pasaportes de Sudán del Sur.
Esta medida ocurre en un contexto de creciente inquietud en varias instituciones principalmente educativas de los Estados Unidos, por la decisión que ha tomado el actual gobierno de revisar y, en su caso, revocar las visas de estudiantes por razones vinculadas a activismo político.
Las alarmas sobre estos hechos se encendieron luego de que a finales de marzo, Rubio dijo que ya iban más de 300 estudiantes con visas revocadas que habían participado en manifestaciones pro-palestina o en contra de los ataques de Israel en zonas de la Franja de Gaza.
Entre esos casos se encuentra, por ejemplo, el de Mahmoud Khalil, estudiante de la Universidad de Columbia, quien incluso fue detenido sin cargos formales pero acusado de liderar actividades alineadas con Hamás. Khalil afirma que su arresto es parte de un esfuerzo más amplio de la universidad para reprimir la disidencia pro-palestina.
De manera similar, Momodou Taal, un estudiante de la Universidad de Cornell del Reino Unido y Gambia, enfrentó la revocación de su visa debido a su activismo en el campus universitario.
Más de 60 universidades, según datos citados por múltiples fuentes y medios en este país, se encontrarían bajo revisión en torno a su plantilla de estudiantes con visas, para verificar si estos han incurrido en algún tipo de activismo o conducta que amerita la suspensión o revocación de sus visas.
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El Departamento de Estado ha adelantado ya que también se encuentra bajo revisión el visado y otros beneficios legales como los estatus de protección temporal (TPS por sus siglas en ingles) que se han concedido a extranjeros provenientes de naciones con conflictos internos, entre ellos:
- Afghanistan
- Burma (Myanmar)
- Cameroon
- El Salvador
- Ethiopia
- Haiti
- Honduras
- Lebanon
- Nepal
- Nicaragua
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Ucrania
- Venezuela
- Yemen
En marzo de este año, el gobierno de Trump intentó revocar este estatus de protección temporal a todos los extranjeros de origen venezolano. La orden fue suspendida antes de que entrara en efecto por decisión de una jueza federal.
De acuerdo con la Ley de Nacionalidad e Inmigración de los Estados Unidos, el gobierno de este país tiene la potestad exclusiva de conceder, revocar o negar visas a los ciudadanos de otras naciones que pretendan por cualquier razón ingresar o permanecer en los Estados Unidos.
Bajo el principio legal de que las visas son un “beneficio y no un privilegio”, el Departamento de Estado ha justificado su capacidad unilateral para cancelar incluso aquellas que ya se hayan concedido.
No existe recurso legal alguno con el que una persona a la que se le niega una visa y se encuentra fuera de Estados Unidos pueda forzar a ese país para que se le conceda.
En cambio, aquellos que ya se encuentren en territorio de los Estados Unidos cuando su visa sea legalmente cancelada o revocada –como refugiados, estudiantes o trabajadores– sí tienen la posibilidad de recurrir a tribunales para presentar recursos en contra de dicha determinación.
Más aún si se advierte que esto podría estar motivado por posibles violaciones al derecho de manifestación o libertad de expresión, o si el retorno al país de origen podría poner en riesgo su vida.
Esto ya ocurrió en el caso de varios venezolanos que han obtenido recursos de parte de jueces para evitar que su estatus migratorio legal sea revocado mientras se analizan las condiciones de su permanencia.
Con información de Milenio
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