La medida implicaría un uso de los poderes presidenciales extraordinario e inexplorado en la historia de Estados Unidos.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insinuado a sus colaboradores que tiene intenciones de otorgarse un indulto a sí mismo en los últimos días de su presidencia, según dos personas con conocimiento de las discusiones. La medida implicaría un uso de los poderes presidenciales extraordinario e inexplorado en la historia de Estados Unidos.
En varias conversaciones después del día de las elecciones, Trump ha comentado a sus asesores que considera la posibilidad de otorgarse un perdón y, en otras instancias, ha preguntado si debería hacerlo y qué impacto político y legal tendría en él, según dos personas. No estaba claro si ha tocado el tema después de incitar a sus seguidores el miércoles a irrumpir en el Capitolio en un ataque de turba.
Trump ha mostrado que su interés en perdonarse a sí mismo va más allá de reflexiones ociosas. Hace mucho tiempo que insiste en que tiene el poder de perdonarse a sí mismo y típicamente cuando sondea a sus asesores es síntoma de que se prepara a avanzar con sus intenciones. También ha estado cada vez convencido de que quienes él percibe como sus enemigos utilizarán las palancas legales para atacarlo cuando abandone el cargo.
Ningún presidente estadounidense se ha otorgado a sí mismo un perdón por lo cual la legitimidad de un posible acto de autoclemencia jamás ha sido puesta a prueba en el sistema legal. Los expertos legales no están de acuerdo en si las cortes lo reconocerían. Pero sí concuerdan en que un autoperdón presidencial crearía un peligroso nuevo precedente para que los presidentes declaren unilateralmente que se encuentran por encima de la ley y se protejan de tener que responder por los crímenes que hayan cometido en el cargo.
Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentario.
Trump ha considerado una variedad de perdones preventivos para su familia, entre ellos sus tres hijos mayores —Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump—, su yerno y asesor sénior de la Casa Blanca, Jared Kushner, y para sus aliados cercanos, como Rudolph W. Giuliani, abogado personal del presidente. Trump ha expresado preocupación a sus consejeros de que el Departamento de Justicia de Biden pudiera investigarlos a todos ellos.
Trump, quien le ha contado a sus asesores que le complace mucho tener el poder de otorgar clemencia, durante semanas ha solicitado a sus ayudantes y aliados que le sugieran a quién perdonar. También ha ofrecido perdones preventivos a consejeros y funcionarios de su gobierno. Muchos de ellos se han sorprendido porque no consideraban encontrarse en riesgo legal y creyeron que aceptar el ofrecimiento sería visto como una admisión de culpabilidad, según las dos personas.
Los perdones presidenciales solo aplican en casos de leyes federales y no protegen de ser enjuiciado o investigado por crímenes estatales. Un perdón serviría en contra de cargos que podrían ser presentados por los fiscales que investigan las finanzas de la Organización Trump en Manhattan.
Las discusiones entre Trump y sus asesores sobre el tema de un perdón para el presidente surgieron antes de que el fin de semana presionara a funcionarios del estado de Georgia para que le ayudasen a cambiar los resultados de las elecciones presidenciales o de que incitara a una turba que luego atacó el Capitolio el miércoles. Los aliados de Trump creen que ambos episodios exponen aún más a Trump a verse involucrado en un proceso penal.
Cuando los asesores instaron a Trump a que emitiera el miércoles una condena enérgica y él rechazó ese consejo, el abogado de la Casa Blanca, Pat A. Cipollone, advirtió a Trump que podría quedar legalmente vulnerable por los disturbios, dado que de antemano había instado a sus partidarios a marchar al Capitolio y a “luchar”, según personas informadas sobre la conversación. A los asesores de la Casa Blanca les pareció que Trump disfrutaba viendo las escenas que se transmitían en la televisión.
Más allá de eso, no queda claro el alcance del riesgo de sometimiento a procesos penales de Trump. El exfiscal especial Robert S. Mueller III, identificó diez ocasiones en las que Trump pudo haber obstaculizado la justicia pero no dijo si el presidente había quebrantado la ley e invocó restricciones legales y de hecho que obstaculizan que se juzgue a un presidente en funciones. Exfuncionarios del
Departamento de Justicia y expertos legales dijeron que varios de esos actos deberían ameritar un procedimiento judicial.
En 2018, fiscales federales en Nueva York nombraron a Trump como conspirador en un esquema de financiación ilegal de campaña.
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