El decreto es duro, pero necesario para «por una parte contener la difusión del contagio y al mismo tiempo reaccionar para que no sobrecargar los hospitales».
Con más de 5 mil 800 casos positivos de coronavirus registrados desde que fuera declarada la emergencia hace dos semanas, el Gobierno italiano ha ampliado la llamada ‘zona roja’ hasta la región de Lombardía y otras 13 provincias de las regiones de Véneto, Piamonte, Emilia-Romaña y las Marcas, donde viven unos 16 millones de personas.
Conte ha comparecido a las dos y media de la madrugada de este domingo ante los periodistas para explicar que el decreto es duro, pero necesario para «por una parte contener la difusión del contagio y al mismo tiempo reaccionar para que no sobrecargar los hospitales».
Este nuevo decreto ley permite aislar la región de Lombardía y las provincias de Módena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rímini, Pésaro, Urbino, Venecia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli y Novara, para tratar de reducir el número de contagios. Desde este domingo, no será posible entrar o salir de estos territorios hasta el 3 abril, excepto por motivos justificados. El decreto prohíbe celebrar bodas y funerales; cierra museos, teatros, pubs, discotecas; y suspende todas las manifestaciones públicas que comporten aglomeraciones de personas.
Los centros comerciales cerrarán los fines de semana y los bares y restaurantes podrán abrir con la condición de que se respete al menos un metro de distancia entre los clientes. La normativa recomienda a todas aquellas personas que demuestren síntomas de afecciones respiratorias o fiebre que no salgan de casa y limiten todos los contactos sociales. Hasta este domingo, la llamada ‘zona roja’ afectaba a diez localidades en Lombardía y una en Véneto en las que viven 50.000 habitantes.
La decisión llega después de que las autoridades italianas confirmaran un aumento de mil 200 casos positivos desde el día anterior. El virus se extiende por las 21 regiones italianas y ya se ha cobrado la vida de 233 personas, pero es en Lombardía donde se encuentra el mayor número de afectados con más de 3.400 contagios. Es por ese motivo que el Gobierno aprobó la madrugada del viernes un paquete de medidas que permitirán contratar 20.000 nuevos sanitarios, incluidos médicos que estén en el último año de especialización o incluso jubilados. El decreto prevé la ampliación de las unidades de cuidados intensivos y la compra de 5.000 sistemas de ventilación asistida. Además, el Gobierno ha aprobado incentivos económicos para la producción de mascarillas y otros materiales útiles para la contención del virus con el objetivo de paliar la escasez de estos productos.
El Ejecutivo también dio luz verde este sábado a la petición del presidente de la región de Véneto, Luca Zaia, para que los médicos sometidos a cuarentena que no hubieran resultado positivo al test del coronavirus pudieran incorporarse a sus puestos de forma voluntaria. Con esta medida específica, el Véneto, una de las regiones más golpeadas por el virus junto con Lombardía y Emilia-Romaña, calcula que podrán volver al trabajo unos 700 operadores sanitarios obligados a estar en casa a causa de una norma precedente.
No sólo la escasez de personal médico amenaza con poner en riesgo el mantenimiento de los servicios sanitarios públicos en Italia. Hacer frente a la falta de camas en unidades de cuidados intensivos es uno de los principales retos a los que se enfrentan las autoridades locales. En este sentido, la medida aprobada por el Ejecutivo permitirá aumentar entre 5.000 y 7.500 el número de camas y duplicar las plazas disponibles en los servicios de neumología y enfermedades infecciosas.
En Lombardía, las autoridades regionales han pedido a los hospitales que reduzcan al mínimo indispensable las cirujías planificadas con el fin de liberar camas de UCI para pacientes con coronavirus, mientras que los hospitales privados están colaborando para ofrecer camas en unidades de cuidados intensivos y transferir a parte de su personal médico a los hospitales públicos de la región.
Además de reforzar el sistema sanitario, el Gobierno decretó la suspensión temporal de la actividad judicial hasta el 22 de marzo. Esta medida, dirigida a limitar las aglomeraciones de personas y evitar así la difusión del virus, supone el aplazamiento de todas las vistas civiles, penales y administrativas menos urgentes hasta finales de mayo. Las únicas excepciones a esta normativa son las audiencias para la validación de arrestos y detenciones, las demandas relacionadas con menores y todos aquellos procesos cuyo aplazamiento implique un peligro para la seguridad o los intereses de los involucrados.
Todas estas medidas se unen a otras ya aplicadas para contener la epidemia como el cierre de todos los colegios en el país hasta el 15 de marzo y la suspensión de espectáculos culturales o eventos deportivos, incluidos los partidos de fútbol de la primera división, que se jugarán a puerta cerrada.