La suspensión de la obra ocasionó pérdidas para los locatarios de 40 a 70 por ciento.
Montículos de arena, escombros, adoquines y huecos en las banquetas permanecen en la calle Ignacio Picazo Sur, municipio de Chiautempan, desde septiembre del año pasado.
Se trata de la obra de concreto hidráulico financiada con recursos gestionados por el entonces diputado federal Juan Corral Mier y ejecutada por el presidente Héctor Domínguez Rugerio, que decidió suspender por falta de recursos.
Esta medida ha representado para los locatorios pérdidas de 40 a 70 por ciento de sus ingresos y al menos el cierre de cinco negocios de los 100 ubicados en las dos calles que conforman uno de los tramos comerciales más importantes del municipio.
En rueda de prensa, José Ángel Rosales Ángulo, presidente del Comité Vecinal, señaló que para iniciar la obra el municipio pidió de manera informal cuotas adicionales para la conexión del drenaje por mil 800 pesos y mil 300 para la conexión del agua potable, además de una cuota por mil 790 pesos por metro lineal para el adoquinamiento de la banqueta, debido a que los recursos solo estaban contemplados para la pavimentación de la calle.
En septiembre el ayuntamiento declaró que los recursos se habían agotado y que correspondía a cada uno de los vecinos aportar 600 pesos por metro lineal correspondiente al frente de la propiedad para continuar con el adoquinamiento, de lo contrario el ayuntamiento no erogaría un peso más.
Pese al rechazo de los pobladores, la presidencia municipal levantó las banquetas y adoquinó solo los tramos de los vecinos que desistieron oponerse después de la reducción de sus ingresos que ocasionó la obra ejecutada a medias; ahora la banqueta es un tablero de ajedrez de tierra y adoquín, escombros y asfalto.
Por tal motivo, los vecinos han solicitado al secretario de gobierno, Aarón Pérez Carro su intervención para que gestione la conclusión de las obras y revise la calidad de los trabajos que a pocos meses presentan coarteaduras, desprendimientos y boquetes; además han solicitado que de haber cobros indebidos los montos sean reintegrados a los locatarios y las familias, y que en caso de existir negligencia u omisiones se abra una carpeta de investigación contra los responsables.
«Se trata de una obra pública, no pueden pedirnos que nosotros ahora concluyamos y paguemos con nuestros propios recursos y bajo amenazas la obra que el municipio inicio; sobre todo porque nunca nos consultaron, no nos dijeron cuánto era el recurso gestionado y no hubo ningún tipo de acercamiento por parte de las autoridades municipales», dijo José Ángel Rosales.