Señalan que la reunión no fue amplia ni hay interés de escuchar todas las demandas de las mujeres tlaxcaltecas.
El Colectivo Mujer y Utopía (CMU), el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF) y otras 13 colectivas feministas, rechazaron la reunión que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros tuvo con diversos colectivos al calificarla como discrecional y que siguen las mismas prácticas de simulación «pues se mantiene un discurso con las mismas promesas de acciones a implementar que ya están instaladas y que no se cumplen, promesas sin fondo y sin enfoque feminista».
En un pronunciamiento dado a conocer este lunes, las colectivas además criticaron el silencio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) respecto a las agresiones de la policía estatal encubierta como civil contra las mujeres.
Señalaron que, a casi un mes de las agresiones, la CEDH no ha emitido un informe sobre el despliegue de 30 observadores, como debe hacerlo el organismo público autónomo, ni ha iniciado quejas de oficio contra el estado por desplegar elementos de seguridad, encapsular a las manifestantes, agredir, escupir y hacer pasar a mujeres policías como civiles y a ambulancias como patrullas.
Sobre la reunión que la gobernadora sostuvo con algunos colectivos feministas, entre ellos la encabezada por mujeres con filiación partidista, el CMU y el OCNF señalan que la reunión no fue amplia ni recoge el interés de todas ni todas las demandas de las mujeres tlaxcaltecas, sobre todo, de las sobrevivientes de violencia y familias víctimas de violencia feminicida.
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«Han tomado como bandera la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres… que no responde a todas las condiciones de desigualdad y violencia, además de que no se cuenta con indicadores de seguimiento ni de cumplimiento, lo que impide la medición de impactos y solo se convierte en un check list que no ayuda modificar el fondo».
Por otro lado, denunciaron el discurso de odio que el gobierno estatal ha vertido contra las mujeres y el silencio de la CEDH y otras colectivas al estigmatizar a grupos de mujeres y justificar la violencia, así como señalar a colectivas universitarias.
Por todo eso, las colectivas han planteado cerca de 20 exigencias, entre ellas, que la CEDH rinda un informe sobre el 8M, que policías porten su uniforme e identificación durante las marchas, que el gobierno detenga los discursos de odio, que los mecanismos de diálogo se amplíen y no se sectoricen. A los medios de comunicación les exigen que dejen de demeritar y criminalizar la lucha feminista; y a la sociedad que detenga la criminalización contra las protestas.
Otras de las exigencias son las de incluir a las mujeres lesbianas en las políticas públicas y su reconocimiento como sujetas políticas y de derechos, eliminar la discriminación en las dependencias estatales, la creación de una fiscalía para persona migrantes, sentencias justas contra personal educativo violento y acosador, contar con información estadística sobre violencia e investigar los homicidios de mujeres como feminicidios, entre otros puntos sobre derechos humanos.