Un informe del IMCO destaca que Tlaxcala transparentó el 81% de sus compras, pero no encontró información legal de empresas en 44 de los procesos
El gobierno de Tlaxcala no ha publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la documentación para comprobar legalmente los 539.2 millones de pesos pagados a proveedores durante 2021 en procesos de compra de «excepción», un proceso que busca cubrir situaciones imprevisibles o de emergencia.
El monitoreo «Compras públicas estatales 2021» del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), presenta este jueves los resultados de cinco estados, entre ellos Tlaxcala. Refiere que la falta de datos que el gobierno estatal debe cargar en la PNT además de que viola la ley de transparencia y el derecho al acceso a la información pública, su omisión viola la ley fiscal y alerta sobre el uso discrecional de los recursos, debido a que los «procesos de excepción» deben ser, por su naturaleza, los más claros y transparentes.
El IMCO analizó la información fiscal que Tlaxcala ha cargado a la PNT del ejercicio 2021 sobre compras públicas, de acuerdo a la ley de transparencia. Mide tanto el nivel de acceso a la información pública como la forma en la que el estado hizo sus compras.
Los resultados indican que Tlaxcala, durante el último tramo del gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez y los primeros tres meses del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, entregaron 978 millones de pesos a través de adjudicación directa de un total de 2 mil 357 millones pagados, lo que representa el 42 por ciento del total, mientras que el 33 por ciento de las compras fue por licitación pública.
El informe destaca que, entre el monto pagado por licitación pública, Tlaxcala transparentó el 81 por ciento de los procesos, lo que colocó a la entidad entre las más transparentes de las cinco analizadas.
Sin embargo, entre las fallas, el IMCO detectó que en 44 procesos de compras hechas por 26 instituciones públicas de Tlaxcala, no se ha publicado el RFC de la empresa beneficiada, lo que implica que no se conozca el estado legal del proveedor y, por lo tanto, sea imposible cruzar la información con la lista de proveedores sancionados o inexistentes.
Por último, el 6.2 por ciento de las compras realizadas el año pasado -lo que equivaldría a 61 millones de pesos– fueron pagados a empresas de reciente creación y empresas sancionadas.