Con este fallo se abre la posibilidad de que los 217 municipios de Puebla vuelvan a incluir en sus Leyes de Ingresos para el 2023 el cobro del DAP
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el cobro del Derecho del Alumbrado Público (DAP) en 144 municipios de Puebla para 2022, luego que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso un recurso al considerar que se trataba de un nuevo impuesto.
En Sesión del Pleno la ministra Loreta Ortiz Ahlf señaló que las normas impugnadas que prevén el cobro del DAP se encuentran estructuradas conforme al estándar establecido, pues es la prestación de un derecho público a los poseedores de un predio urbano o rústico.
Con este fallo se abre la posibilidad de que los 217 municipios de Puebla vuelvan a incluir en sus Leyes de Ingresos para el 2023 el cobro del DAP.
En el caso concreto de Puebla capital, queda pendiente un fallo adicional debido a que el Ayuntamiento también recurrió a la Suprema Corte para poder realizar el cobro que el Congreso del Estado le negó en 2022, por lo tanto deberán esperar la resolución.
Al respecto el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dijo que este fallo demuestra que los legisladores poblanos realizaron una fórmula impecable para que los Ayuntamientos pudieran hacerse de más recursos en el marco legal y sin afectar a los ciudadanos.
Sobre el caso en la capital poblana, recordó que se votó en contra, porque los propios diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) consideraron que el gobierno del presidente municipal Eduardo Rivera Pérez no necesitaba recursos extraordinarios para 2022.
Añadió que, si el Ayuntamiento de Puebla busca el DAP para 2023, primero debe convencer a los legisladores del PAN que esto es necesario y proponer una fórmula adecuada para el cobro, garantizando que el legislativo ayudará a todos los alcaldes que expliquen el destino de los recursos extraordinarios.
Finalmente el líder del Congreso llamó a todos los actores políticos del estado a evitar colgarse del tema del DAP y dejar que se analice en las mesas de trabajo legislativas.