En rediseño constitucional, el gobernador electo planteó instrumentos como la revocación de mandato y la creación de una secretaría de asuntos indígenas.
El virtual gobernador electo de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, planteará a diputados del Congreso local próximamente su proyecto de rediseño constitucional para la entidad, en el que se preven temas como la revocación de mandato, la evaluación gubernamental y la desaparición del fuero al gobernador, diputados y magistrados.
Durante su campaña, el morenista se comprometió a llevar a cabo las reformas constitucionales necesarias para fortalecer y garantizar la división de poderes en la entidad, así como pesos y contrapesos dentro de la administración pública, pues anteriores administraciones terminaron con la división de poderes, por lo que el Poder Ejecutivo concentraba la toma de decisiones.
Por ello, dentro de la Constitución de Puebla se incluirán la revocación de mandato, la eliminación del fuero a los servidores públicos, así como la evaluación al desempeño gubernamental. Además propuso incorporar a la Constitución una Ley de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestal.
La reingeniería en la legislación local para la construcción de la nueva Constitución Política del Estado de Puebla incluirá condiciones para que los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) sean expertos en la materia y no exfuncionarios o militantes de partidos políticos, para que dichos órgano puedan tener autonomía e independencia.
Privilegiar carrera judicial en elección de magistrados
Asimismo, incluirá la creación de una Fiscalía de Delitos de Género y modificar los protocolos para la atención de personas desaparecidas; también se creará la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género; la Secretaría del Medio Ambiente; y se separarán la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico y la Secretaría de Infraestructura, Movilidad con la de Transportes.
En materia de seguridad y procuración de justicia, Barbosa Huerta indicó que buscará que el tema de seguridad pública sea corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno; además que el gobernador quedará fuera de la elección de magistrados, para garantizar la autonomía del Poder Judicial, además de asegurar las garantías de independencia y -como lo ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación– se privilegie la carrera judicial en la elección de magistrados.
Para el sector indígena, se plantean medidas de adaptación y criterios que los protejan en su condición de indígenas, como contar con traductores en los juzgados y que los jueces al dictar sentencias consideren sus costumbres, tradiciones y cultura.