Reservó CESESP información sobre adjudicación directa, contratos y reportes de desaparición de menores a pocos meses de concluir la administración
En febrero de 2021 -a cinco meses de que concluyera la administración priista- la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (CESESP), clasificó por cinco años la información sobre las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con la desaparición o no localización de menores de edad.
De acuerdo con el acta de la sesión del 26 de febrero, los integrantes del Comité de Transparencia de la CESESP argumentaron que la información sobre las llamadas ponía en peligro la integridad de las probables víctimas y de los operados que trabajan en los centros de cómputo.
Lo anterior después de que un tercero solicitara información pública sobre el número de llamadas de menores de edad no localizados o desaparecidos en el periodo de 2016 a junio de 2021, solicitud que no pedía datos personales sino la clasificación de los reportes, fecha, municipio, número de reportes por año, sexo de los menores y si la llamada fue procedente o no.
Esto solo era una parte de las reservas que la comisión aprobó de manera exprés cinco meses antes de que concluyera el periodo del gobierno encabezado por Marco Antonio Mena Rodríguez.
La solicitud 331621 fue contestada por la CESCPS como información clasificada y reservada hasta 2026 y justificaba la decisión con el acuerdo tomado por el comité de transparencia con número CESESP-CEI-CTRANS-002/2021, que además daba cuanta de cinco reservas más.
TAMBIÉN SE RESERVARON ADJUDICACIONES DIRECTAS
Según el acuerdo consultado la Comisión Ejecutiva además reservó por cinco años la información sobre las compras por adjudicación directa, el padrón de proveedores o contratistas, información sobre el listado de bienes muebles e inmuebles, la infraestructura tecnológica contratada o adquirida, todos los archivos generados en los centros de control y cómputo, así como los resultados y documentos generados en los centros de evaluación y control de confianza, todo bajo el argumento de proteger la integridad de las empresas y elementos de seguridad.