Tlaxcala tiene calificaciones bajas respecto al trato digno y sin discriminación y sobre el respeto de los derechos laborales.
Investigaciones penales poco eficaces y deterioro de los controles de corrupción en las fuerzas de seguridad y procuración de justicia en Tlaxcala, documentó el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 del World Justice Project (WJP).
Tlaxcala ocupa el noveno lugar nacional con el peor estado de derecho con una calificación de 0.38 puntos donde 1 significa mayor adhesión al Estado de Derecho, de acuerdo con WJP.
El Índice refleja las perspectivas y experiencias de personas, especialistas en justicia civil, penal, laboral y salud pública, encuestas y bases de datos institucionales sobre corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio y justicia civil y penal.
Se obtiene midiendo los resultados sobre el acceso a tribunales, justicia e investigación de delitos, el avance del crimen organizado y la impunidad, así como la relación entre el crimen y la procuración de justicia estatal, además del trabajo entre la sociedad civil y el gobierno.
Aunque Tlaxcala registró un incremento en el índice de estado de derecho entre 2019, 2020 y 2021, es una de las 10 entidades con la calificación más baja, solo después de Quintana Roo, Puebla, Morelos, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Jalisco.
La medición sobre la eficacia de los sistemas de impartición de justicia penal no registró avances en Tlaxcala, incluso destaca que durante la pandemia de Covid-19 el sistema de justicia penal no implementó ninguna medida de justicia abierta o digital durante la pandemia, lo que afectaron el acceso a la justicia y el derecho a la salud.
En cambio, se nota un avance de 0.55 a 0.66 puntos en la participación de la prensa y la sociedad civil como contrapeso a los poderes estatales, lo que refleja el grado de insatisfacción social.
Otro de los retrocesos es el deterioro del control de la corrupción en las fuerzas de seguridad y procuración de justicia en Tlaxcala, ocupando el lugar cinco con el peor nivel de confiabilidad, solo después de Ciudad de México, Durango, Estado de México, Chiapas y Jalisco.
Hallazgos, peor calificados
Entre los hallazgos, destaca la poca eficacia de los organismos de fiscalización y control del Poder Legislativo como contrapeso del Ejecutivo y la percepción de que los funcionarios públicos abusan de sus funciones.
Respecto al gobierno abierto, los poderes del estado son los más cerrados del país, no permiten que la sociedad civil participe en la toma de decisiones o acciones para resolver los problemas que afectan directamente a las comunidades; los poderes estatales tienen apenas una puntuación de 0.19.
Del mismo modo, tiene calificaciones bajas respecto al trato digno y sin discriminación y sobre el respeto de los derechos laborales; además de que existe la percepción de que no cumplen con las normas en el estado y los procedimientos administrativos contra funcionarios infractores son poco eficientes.
Por último, el Poder Judicial es el que obtuvo las peores calificaciones al considerar que los jueces en materia penal o civil son poco imparciales y corruptos; mientras que, con apenas una calificación de 0.16 de 1.0 sobre la eficacia de las investigaciones, los especialistas colocan el trabajo de la policía y el ministerio público como de dudosa calidad.
Tlaxcala, con un poder Legislativo débil y permisible.
Tlaxcala tiene uno de los poderes Legislativos y contrapeses más débiles; entre los hallazgos del WJP, destaca la poca eficacia de los organismos de fiscalización y control del Poder Legislativo como contrapeso del Ejecutivo y la percepción de que los funcionarios públicos abusan de sus funciones.
Respecto al gobierno abierto, los poderes del estado son los más cerrados del país, no permiten que la sociedad civil participe en la toma de decisiones o acciones para resolver los problemas que afectan directamente a las comunidades; los poderes estatales tienen apenas una puntuación de 0.19.
Del mismo modo, tiene calificaciones bajas respecto al trato digno y sin discriminación y sobre el respeto de los derechos laborales; además de que existe la percepción de que no cumplen con las normas en el estado y los procedimientos administrativos contra funcionarios infractores son poco eficientes.
Por último, el Poder Judicial es el que obtuvo las peores calificaciones al considerar que los jueces en materia penal o civil son poco imparciales y corruptos; mientras que, con apenas una calificación de 0.16 de 1.0 sobre la eficacia de las investigaciones, los especialistas colocan el trabajo de la policía y el ministerio público como de dudosa calidad.
Por subíndice Tlaxcala tiene 0.29 puntos en gobierno abierto; 0.32 en ausencia de corrupción; 0.33 en justicia civil, 0.35 en justicia penal; 0.35 en cumplimiento regulatorio; 0.40 en orden y seguridad; 0.46 en límites del poder gubernamental y 0.53 en derechos fundamentales, uno de los criterios mejor evaluados.
En este sentido, el gobierno estatal reconoce en mayor o menor medida los derechos fundamentales signados en las constituciones y tratados internacionales; sin embargo, entre estos, la menor calificación la obtiene que en la práctica estos se lleven a cabo o que los procesos administrativos, penales o civiles se cumplan de manera clara y eficiente.