El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto anunció que se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por “huachicoleo”, que involucra a un exdiputado local que operaba en Puebla y Veracruz.
Así lo informó el titular de la UIF, Santiago Nieto, en la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de la Función Pública para combatir la corrupción: “Hay un caso que va a ser denunciado hoy ante la Procuraduría General de la República, también vinculado al tema de huachicoleo que incluye a un exdiputado local, del cual no se dan mayores datos porque podría implicar una violación al debido proceso y podemos generar dificultad en las investigaciones”.
De acuerdo con Nieto, dicha denuncia forma parte de las acciones que la UIF ha llevado a cabo durante el primer mes de la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así, agregó, ha presentado denuncias ante la PGR por el delito de lavado de dinero, así como la incorporación de una persona en la lista de personas bloqueadas, lo que se conoce como congelamiento de cuentas.
Santiago Nieto aseguró que dará cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se hará una serie de propuestas para reformar la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
Precisó que las reformas harían modificaciones al artículo 17 de la ley, el cual establece una serie de actividades vulnerables, así como a otros artículos relacionados al combate del lavado de dinero, para poder involucrar a sectores que hoy en día están fuera de las autoridades supervisoras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
No quedó ahí. El funcionario adelantó que incluirá a las asociaciones u organizaciones sin fines de lucro a esta lista fue una recomendación del GAFI, pues aquellas que se dedican a temas educativos, religiosos o culturales no están reguladas.
“También nos obliga a hacer revisión al tema de sindicatos y partidos políticos. Queremos buscar la vinculación para efecto de que la Secretaría del Trabajo y el INE aporten información respecto a temas que estuvieran relacionados con delitos premeditados con lavado de dinero”, acotó.