Con el objetivo de establecer acciones interinstitucionales, pues en caso de ser necesario el gobierno de Puebla proporcionará un informe del expediente generado de cada víctima para cumplir con la reparación integral de daño.
Entre septiembre y diciembre de 2019, el gobierno de Puebla recibió ministración de la Federación por 741 mil pesos para la elaboración de planes individualización de reparación de daños y la impartición de talleres a servidores públicos para dar seguimiento a las acciones de combate a la violencia contra las mujeres.
Así lo revelan los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los que se precisa que se entregaron dos partidas presupuestales de subsidios aprobados por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
El primer subsidio, convenido desde mayo pasado, fue por 160 mil pesos para elaborar planes individualizados de reparación integral, los cuales deben constituirse en expedientes que contenga los instrumentos de evaluación, datos generales de la víctima, contexto social y personal, identidad étnica, orientación sexual e identidad de género, si se desarrolla en un ámbito rural o urbano, edad y si cuenta con redes de apoyo.
Con el objetivo de establecer acciones interinstitucionales, pues en caso de ser necesario el gobierno de Puebla proporcionará un informe del expediente generado de cada víctima para cumplir con la reparación integral de daño y que en las carpetas de averiguación existan las actuaciones que contempla la Ley Estatal de Víctimas el cual se ofrece como dato de prueba.
Mientras que la segunda partida presupuestal por 581 mil pesos se destinarían al proyecto “Estrategias de Prevención y Justicia para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres de Puebla” que consiste en la impartición de cinco talleres de diseño de indicadores para evaluar el cumplimiento de las 45 medidas de la Alerta de Género en 50 municipios poblanos a dependencias y servidores públicos.
Así como cinco talleres de seguimiento y evaluación de los indicadores generados con perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos en 4 regiones de la entidad.