Puebla es la tercera entidad del país con el mayor número de movilizaciones policiales motivadas por salarios bajos, largas jornadas laborales o situaciones que vulneran las condiciones mínimas para el desempeño de sus funciones; por su parte, Tlaxcala se ubicó con un número menor de protestas.

Durante el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 1 de agosto de 2024, en Puebla se reportaron 29 protestas: 15 paros, 4 emplazamientos a huelga y 10 manifestaciones; las entidades que se ubicaron por encima de Puebla son Oaxaca con 34 manifestaciones y Sinaloa con 30, refiere el informe sobre “Los policías en México, radiografía de un retraso clínico” elaborado por la organización Causa en Común.  

El informe además señala que las autoridades estatales no dieron cumplimiento a los acuerdos generados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) sobre la mejora de las condiciones laborales de las policías estatales y municipales en los último seis años. 

A esto se suma que en México no existe ninguna ley que regule los horarios de trabajo de los cuerpos de seguridad municipal, estatal y federal, ni la homologación de salarios dignos

Al respecto, Puebla se mantuvo entre las cinco primeras entidades con el mayor número de paros: Hidalgo con 21, Oaxaca 19, Estado de México 16 y Puebla con 15. Los estados con más emplazamientos durante este periodo fueron Oaxaca 8, y Colima, Estado de México, Puebla, Tabasco y Tamaulipas con 4 en cada uno. 

Mientras que los estados con más manifestaciones de policías durante este periodo fueron Sinaloa con 22, Ciudad de México 19, Guerrero 16 y Puebla con 10. Tlaxcala solo reportó 10 protestas: 9 paros y 1 emplazamiento a huelga. 

Causa en Común alerta que, si bien las manifestaciones y protestas por el homicidio de sus elementos, así como la reducción de sus derechos laborales son atendidas por las autoridades, en algunas ocasiones generan compromisos pero que en un mínimo de casos se atienden las exigencias. 

Es de resaltar que, en ocasiones, los mandos han amenazado con dar de baja a manifestantes o iniciarles procesos en las unidades de asuntos internos y que, en algunos casos, se han concretado los despedidos lo que ha violado el derecho a la protesta.


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