Inconformes señalan que los trabajos continúan a pesar de que el INAH ordenó la suspensión del proyecto
Pobladores de la comunidad de Santa María Tonanzintla promoverán un juicio de amparo ante la justicia federal por el avance ilegal de las obras del “Barrio Smart”, proyecto que se ejecuta en medio de la opacidad y de irregularidades que involucran al INAH y al Municipio de San Andrés Cholula.
Antonio Ramos Varela, integrante del Comité de Ciudadanos de Santa María Tonanzintla confirmó que en la asamblea pública de esta noche se definirá la estrategia a seguir para defenderse de la imposición del proyecto que atenta contra el patrimonio cultural de la comunidad y de su identidad.
En rueda de prensa, pobladores acompañados de arquitectos y antropólogos denunciaron que el proyecto -que no ha sido transparentado y cuya información fluye de manera mentirosa y “a cuenta gotas”-, continúa a pesar de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha ordenado la suspensión de los trabajos; además, existe una promesa del presidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias para frenar el proyecto.
Habitantes de Tonanzintla sostuvieron que su oposición y resistencia del proyecto, que implicó la demolición del puentecito de la comunidad que data del siglo XIX, es un atentado contra el patrimonio histórico y su identidad cultural.
Acusaron que el edil ha prometido al menos en tres ocasiones que el Barrio Smart sería cancelado y que reconstruiría el puente, pero en declaraciones públicas se ha referido a los pobladores de «alborotadores y grupos de choque”.
También denunciaron que pese a que pobladores afectados han demandado transparencia en el proyecto desde el año anterior, hasta hace unos días la administración de municipal “otorgó” la primera información a la comunidad por escrito anunciando que el Proyecto Barrio Smart que se enmascara con el nombre de «Rehabilitación del Primer Cuadro de Santa Maria Tonantzintla» tendría una inversión de 12.1 millones de pesos, cantidad que es contradictoria con la página oficial de smartcities donde anuncian un presupuesto es de 21.7 millones de pesos.
Según la información difundida, el proyecto consta de reubicación del reloj de la comunidad, remoción del Puente de siglo XIX, equipamiento urbano, red wifi, cámaras de vigilancia, cambio de sentidos de las calles, acceso vehicular prohibido por el centro de la comunidad, estacionamientos, parquímetros, banquetas a nivel de piso, sustitución del suelo empedrado instalado por los abuelos por lajas de piedra, instalación de un mercado gourmet, casetas de venta y cobro.
“Se transformará radicalmente la imagen, identidad y uso que da la comunidad al centro de Santa María Tonantzintla, pero lo más grave es que se afectará tradiciones, usos y costumbres de la comunidad”, insistió Antonio Ramos.
Se violó el derecho a la consulta de los pueblos originarios: Antropólogo
El antropólogo Julio Glockner sostuvo que la imposición del Barrio Smart constituye una violación de autoridades al derecho a la consulta de los pueblos indígenas amparado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que es obligatorio en México y consiste en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a formar parte de las decisiones de Estado relacionadas con el diseño, aprobación y aplicación de políticas públicas sobre su desarrollo.
“Esto es un atropello, como siempre se hace todo a espalda de los pueblos indígenas y se les impone modelos de desarrollo con ideas de progreso absurdas. El colmo es la instalación de “un mercado gourmet” desplazado la gastronomía local a base de maíz de colores, chocolates y granos preparados incluso con recetas prehispánicas. ¿qué ofrecerán a cambio? Hamburguesas, pizzas, todo lo que el turismo nacional e internacional puede consumir en otros miles de mercados gourmet es como ir a la India o a otro lugar del mundo y no probar sus sabores regionales”, dijo Glockner.
El antropólogo adelantó que académicos harán llegar al Congreso local una propuesta para establecer como requisito para tomar el cargo de presidentes municipales y auxiliares, la aprobación de un curso sobre los derechos a la consulta libre, previa e informada de pueblos originarios en el Tratado Internacional así como el respeto al Patrimonio Cultural.
“Esos derechos deben ser difundidos, parece que el candidato apenas se sienta en la silla se olvida de todo derecho de sus gobernados, siente que todo el territorio del municipio es suyo y son capaces de imposiciones autoritarias y absurdas que destruyen el patrimonio”, dijo.