La SFP ya dio vista a ambos gobiernos estatales para establecer mesas de trabajo para conciliar y atender las observaciones pendientes de solventar.
Entre 2013 y 2018 los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala no justificaron 66 y 88 millones de pesos, respectivamente, de los recursos públicos federales asignados a través de convenios, por lo que tendrán que reintegran los montos a la Tesorería de la Federación.
De acuerdo al Primer Informe de labores de la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en ese periodo Tlaxcala acumuló 66 observaciones por un importe de 88 millones 200 mil pesos.
Como parte de la fiscalización de los estados de la SFP, el informe contempla otras revisiones del gasto que en caso de no solventar también deberán reintegrarse a la federación: por faltas administrativas Tlaxcala suma un importe por 158 millones 400 mil pesos; por posible prescripción 234 millones 300 mil pesos y en proceso de análisis 217 millones 600 mil pesos.
Por su parte, el estado de Puebla tiene 43 observaciones por 68 millones de pesos de probables reintegros, además de 2 millones 600 mil por presuntas faltas administrativas y 15 millones 900 mil por posible prescripción.
En suma, las irregularidades de los 31 estados de la república acumulan un monto no justificado por 20 mil 177.6 millones de pesos, de los cuales, Veracruz es el estado con el mayor monto observado con 3 mil 606 millones de pesos, seguido de Zacatecas con 2 mil 320 millones, Guerrero mil 119 millones, Michoacán mil 290, Nayarit mil 168 y Sonora 890 millones de pesos.
La Función Pública identificó que el mayor porcentaje de las observaciones realizadas a los estados son por la falta de documentación comprobatoria, recursos no devengados o comprometidos, recursos destinados a fines distintos de los previstos, conceptos de obra pagados no justificados y por inobservancia de las disposiciones normativas aplicables.
Al respecto, la secretaría dio a conocer a los ejecutivos estatales los resultados de las auditorías practicadas de 2013 a 2018 y, con base en ello, definir mesas de trabajo para conciliar los registros entre las partes y definir una estrategia para la atención de las 10 mil 99 observaciones pendientes de solventar.