Añaden que las denuncias fueron difundidas irregularmente por la ASE a través de redes sociales, en clara violación a la presunción de inocencia.
El Consejo Universitario de la BUAP pidió la urgente intervención del gobierno federal y órganos autónomos de procuración de justicia, auditoría y contraloría para que frenen la persecución política que –acusan—el gobierno de Puebla ha emprendido contra el rector Alfonso Esparza Ortiz, quien ya habría promovido amparos.
Lo anterior consta en un desplegado publicado este lunes en medios nacionales, el cual está dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como al Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Auditoría Superior de la Federación (ASF), Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los integrantes del Consejo Universitario dijeron respaldar las acciones legales realizadas por el rector para salvaguardar los derechos que le asisten, aunque no precisan si Esparza Ortiz tramitó amparos; al tiempo responsabilizan a Barbosa Huerta de cualquier acto que atente contra sus derechos o los de su familia.
Y es que, señalan que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta atenta contra los derechos fundamentales de los poblanos, especialmente en materia de seguridad, certeza jurídica y libertad de pensamiento.
Muestra de ello, dicen, es la persecución política del Estado contra Esparza Ortiz a través de la manipulación de las instituciones para fabricar procesos judiciales sin fundamentos, así como el uso de un aparato propagandístico para afectar la imagen del rector.
Señalan que las denuncias que la Auditoría Superior del Estado (ASE) anunció en contra el rector por presuntamente obstaculizar la revisión de una cuenta pública son “a todas luces” ilegales, pues dicha revisión sólo consideraba una gestión financiera de 11 meses del año 2019, pretende revisar los recursos autogenerados por la BUAP y los correspondientes a partidas federales, éstos últimos competencia exclusiva de la ASF.
Añaden que las denuncias fueron difundidas irregularmente por la ASE a través de redes sociales, en clara violación a la presunción de inocencia. También refieren que la FGE ha aceptado y dado trámite a denuncias infundadas y anónimas contra el rector y especialmente contra su familia por supuestos tratos comerciales con empresas sin mediar una investigación seria sobre la presunta vinculación con la universidad.
Asimismo, reprocharon las declaraciones en las que Barbosa Huerta aseguró tener pruebas de que Esparza Ortiz ha participado en operaciones de desvío de recursos de hasta por mil millones de pesos, monto que afirman habría dejado inoperante a la BUAP.
“Tenemos claro que todos estos hechos, como el propio gobierno del estado de Puebla ha manifestado en diversos comunicados oficiales, son represalias a la negativa del rector para renunciar a su cargo y para entregar al poder ejecutivo estatal el control de la BUAP”, sostienen.