De acuerdo al diagnóstico elaborado por el Iaip-Tlax, los titulares de áreas de archivos carecen de especialización en la materia y existe rezago en infraestructura para salvaguardar la información pública.
Los partidos políticos y ayuntamientos son los sujetos obligados que no cuentan con cuadro general de clasificación archivística o tienen deficiencias para la organización y clasificación de la información de interés público que generan, informó Marlene Alonso Meneses, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (Iaip-Tlax).
Durante la presentación del «Diagnóstico sobre la situación que guardan los archivos de los sujetos obligados a que hace referencia el artículo 3 de la ley General de Archivos», Alonso Meneses informó que el 50 por ciento de los 145 sujetos obligados no tienen cuadro general de clasificación archivística o presentan deficiencias.
El cuadro general de clasificación archivística permite ordenar los documentos de archivo dentro del espacio físico para su conservación, así como agrupar los elementos que representan su contenido para clasificarlo lógicamente con otros documentos, a fin de garantizar el derecho al acceso a la información pública.
«La tarea no es menor, el cuadro archivístico son los cimientos para garantizar el derecho a la memoria y el acceso a la justicia y la verdad. Además, acorde con las nuevas reformas en transparencia, forma parte del sistema nacional anticorrupción y de rendición de cuentas; por ello es necesario un correcto control de los documentos», dijo en rueda de prensa.
Indicó que el diagnóstico se elaboró en base a encuestas enviadas de manera electrónica a los 145 sujetos obligados. De acuerdo a las respuestas el IAIP-Tlax encontró que solo 47 de los 60 ayuntamientos respondió que cuenta con cuadro archivístico; lo mismo contestó 7 de 11 partidos políticos y 50 de 57 dependencias del poder ejecutivo.
Del mismo modo, el 69 por ciento de los directores de las áreas de archivo contestaron que no tienen condiciones de resguardo de documentos, el 50 por ciento no ha recibido capacitación en la materia, el 48 por ciento labora en condiciones no óptimas y el 46 por ciento no cuenta con un área específica de archivo.
Tras la aprobación de la Ley General de Archivos en abril de 2017, sólo están esperando que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación para que inicie el plazo, de dos años, para que los sujetos obligados cumplan con los criterios señalados en organización archivística; de lo contrario, la misma ley establece sanciones de 3 a 9 años de prisión o multas de mil a cinco mil UMA a quien extravié o no presente la información requerida.
Aunque este es el primer diagnóstico para conocer el estado de los archivos de las dependencias estatales, ayuntamientos, poderes del estado y partidos políticos, la comisionada señaló que una vez detectadas las fortalezas y debilidades, deberán reiniciar el proceso de clasificación y organización.
«El objetivo es detectar las áreas de oportunidad, estamos a tiempo para trabajar coordinadamente. Con estos resultados concluimos que los esfuerzos se deben enfocar en la capacitación permanente de los funcionarios en materia de archivos, la asignación presupuestaria para infraestructura archivística, la creación de un programa de certificación y la elaboración de la Ley estatal de Archivos que dará pauta a las acciones que se emprendan», concluyó.