Los sujetos obligados estarán sujetos a sanciones si no comprueban la inexistencia de los documentos de interés público.
José Guadalupe Luna Hernández, coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, señaló que el próximo año los sujetos obligados estarán sujetos a sanciones si no tienen una adecuada clasificación de archivos sobre sus función gubernamental o si impiden el acceso a la información pública.
Además, destacó que la Ley General de Archivos aún tiene vacíos que impiden el resguardo efectivo de la memoria gubernamental y la autonomía de los sistemas estatales para conservar, clasificar y abrir los datos que ayuden a la rendición de cuentas, a la consolidación la memoria histórica y a fortalecer los lazos de transparencia entre la ciudadanía y los gobiernos.
En entrevista con medios de comunicación, señaló que el próximo año los 144 sujetos obligados estarán sujetos a sanciones si no comprueban la inexistencia de los documentos, por lo que recibirán sanciones económicas que van desde los 11 hasta los 150 mil pesos para los sujetos responsables del extravío o inexistencia de un documento, hasta demandas penales por la inexistencia de la información.
Luna Hernández dijo que es una obligación gubernamental conservar la memoria y el historial de sus funciones, a fin de reducir la distancia entre los ciudadanos y las autoridades si se quiere un sistema democrático y transparente efectivo.
Destacó que el tema de la autonomía del Archivo Histórico Nacional y la pretensión de mantener como datos cerrados por 70 años las listas de afiliados a programas sociales o listas consideradas como datos personales cuando son de interés social y público, está aún a debate, pero consideró que debe ponerse el escrutinio público por su interés social.
Durante su participación en la conferencia “Principios de la Gestión Documental y Organización de Archivos”, Fernando Isaac Martínez recalcó la importancia de la clasificación de los datos que generan los gobiernos, a fin de garantizar el derecho al acceso a la información pública.