El gobierno de Tlaxcala es considerado por la organización Impunidad Cero como uno de los poderes ejecutivos estatales que no sanciona a los funcionarios acusados por faltas administrativas documentadas, mientras que el Ejecutivo de Puebla fue uno de los más opacos para dar a conocer información sobre las sanciones durante 2014-2019.    

El estudio “La impunidad administrativa en México”, elaborado por académicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la organización Impunidad Cero, encontró que los poderes estatales, sus fiscalías y procuradurías tienen niveles altos de impunidad administrativa, o bien son opacos para dar a conocer información sobre sus procesos de investigación y sancionatorios contra funcionarios públicos.   

De acuerdo con el informe, Tlaxcala es un caso especial de opacidad, debido a que tanto el Congreso como el Tribunal Superior de Justicia del Estado no entregaron la información requerida, o bien respondieron de manera incompleta o presentaron información inservible para el cálculo de la inteligencia y justicia administrativa.  

Las organizaciones civiles encontraron que el Poder Ejecutivo de Tlaxcala tiene una impunidad administrativa de 100 por ciento, es decir, durante cinco años no ha sancionado a funcionarios públicos acusados del mal desempeño de su cargo o bien no transparentó los procesos.  

En contraparte, la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala tiene el menor grado de impunidad administrativa junto con la fiscalía de Querétaro con -87.5 y 0.9 por ciento, respectivamente.  


Ejecutivo de Puebla sin información, Poder Judicial y Fiscalía con impunidad superior al 80%


Del mismo modo que el Congreso de Tlaxcala, el Poder Ejecutivo de Puebla no entregó información sobre los procesos sobre las denuncias y sanciones impuestas para poder calcular la inteligencia y justicia administrativa del Ejecutivo.  

En tanto, su Congreso y la Fiscalía Estatal reportaron un nivel de impunidad administrativa de 84.62 y 84.15 por ciento cada uno, es decir, se encuentran impunes ocho de cada 10 denuncias interpuestas.   

En menor medida, pero aún con un índice alto, se ubica el Poder Judicial de Puebla con un índice de 56.10 por ciento de impunidad.