También seis empresas fueron inhabilitadas por no cumplir con la calidad en las obras para las que fueron contratadas.
Un total de 59 servidores públicos fueron inhabilitados y dos de ellos fueron judicializados en lo que va de la administración estatal, por haber cometido actos de corrupción detectados mediante el programa «Ciudadano Encubierto».
Así lo señaló el contralor Rodolfo Sánchez Corro, quien indicó que todos estos casos fueron producto de 18 operativos encubiertos, donde se acusaba a los empleados del gobierno de solicitar dinero a cambio de brindar un servicio.
En conferencia de prensa, mencionó que también se les denunció por haber abusado de sus cargos públicos y detalló que aún se tienen 16 casos en trámite; ya que los acusados tienen un plazo de 30 días hábiles para defenderse y entonces, se emitirá una resolución.
“De los 59 sancionados tenernos en proceso de revocación en total de 16 casos, debido a que tienen 30 días hábiles para presentar sus recursos de y se puedan emitir los resolutivos y se puedan brindar las sanciones”.
En ese contexto, mencionó que también se inhabilitaron a seis empresas por al menos tres años, por no haber cumplido con lo estipulado en sus contratos de obra pública; pero evitó referir los nombres de las compañías.
Igualmente, mencionó que se tienen empresas están impedidas para mantener contratos con el gobierno, mientras no se solventen las irregularidades detectadas en alrededor de 29 obras.