Para Francisco Sánchez González, vicealmirante de la Secretaría de la Marina (Semar) y próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el gabinete de Alejandro Armenta Mier, la inseguridad en Puebla no es tan alarmante como en otras entidades.
En entrevista, dijo que la entidad tiene estabilidad y cuenta con algunos focos rojos por atender, la mayoría de ellos en la capital; sin embargo afirmó que no son tan alarmantes como ocurre en otros estados.
Sánchez González detalló que la ciudad de Puebla concentra un 70 por ciento de los delitos que se registran en toda la entidad, por lo que habrá coordinación especial con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio para atender la problemática.
Pese a esto, aclaró que no se ve a la capital poblana como un foco rojo, al precisar que los delitos de mayor impacto son: el robo de vehículos, de autopartes y asaltos.
“Ya tuvimos las primeras reuniones con el maestro Daniel, que es el secretario que me va a entregar a mi. Ya nos entregó el panorama operativo y si tenemos estabilidad en la seguridad, puedo decir que hay focos rojos, algunos, pero no tenemos los niveles de violencia que tenemos otros estados (…) hemos notado robo de vehículos y de autopartes, algunas zonas con asaltos”.
En cuanto a los otros municipios, ya hubo un acercamiento con los alcaldes entrantes para poder ofrecer acompañamiento en la designación del mando único.
Por otra parte, Sánchez descartó que exista problema en la transición por la renuncia anticipada de Daniel Iván Cruz Luna para convertirse en magistrado, ya que se comenzó a trabajar con la dependencia desde meses atrás.
“No hay ningún problema porque con las áreas que estamos trabajando la información está fluyendo. Ya teníamos mucha información porque hemos trabajado mucho desde el año pasado que yo tenía la Marina y los despliegues en las tareas de seguridad”.
Cabe mencionar que este jueves, el vicealmirante de la Marina, visitó el Congreso de Puebla para presentar una iniciativa de reforma que otorgue facultades legales a la Policía Estatal para realizar tareas de investigación, como ya se hizo en la Ciudad de México.
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