El gobierno de Puebla recibió observaciones por mil 240.5 millones de pesos durante la auditoría a la Cuenta Pública 2017.
El gobierno de Puebla experimentó un crecimiento de 148.8 por ciento en el monto de recursos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a causa de anomalías en su utilización entre los años 2016 y 2017.
Así lo reflejan los resultados de las auditorías de las Cuentas Públicas de ambos años, donde se observa que la entidad recibió señalamientos por un total de 500 millones de pesos en 2016; pero 12 meses después, la cifra fue de mil 240.5 millones de pesos.
Esto implica un crecimiento de 744 millones de pesos en los recursos que la administración estatal deberá aclarar, porque el órgano fiscalizador encontró inconsistencias o anomalías durante su ejecución.
Respecto a la revisión al gasto federalizado de 2017, cuyo resultado se publicó este miércoles, la Auditoría Superior de la Federación apuntó que Puebla fue la décima entidad del país con más recursos observados en 2017.
El gobierno de José Antonio Gali Fayad se ubicó, en su primer año de gestión, por debajo del Estado de México, Michoacán, Jalisco, Coahuila, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca y Sinaloa, que registraron observaciones entre los seis mil 511.6 y los mil 439.2 millones de pesos.
Destaca que la gran mayoría de los recursos con inconsistencias (920.6 millones de pesos) correspondieron al Ramo 23, donde Puebla estuvo en el cuarto lugar, por detrás de Michoacán, Tlaxcala y Coahuila.
Todo lo anterior derivó en que Puebla registrara una baja en su índice de desempeño en la solventación del gasto federalizado, al pasar de una evaluación de 90.3 en el último año del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas a 87.1 en el primero de Gali Fayad.
Detecta ASF anomalías en uso de recursos para la reconstrucción
Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación detectó gastos injustificados por más de 56 millones de pesos y gastos no recuperables por 26.3 millones de pesos, derivados de anomalías en los trabajos de levantamiento del censo de damnificados por los sismos de septiembre de 2017.
De acuerdo con el documento, las irregularidades fueron cometidas desde la contratación del personal vía outsourcing, hecho por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) a empresas que no demostraron “capacidad técnica, humana y material para la realización de los trabajos”.
Además, destaca que en dos contratos para acciones de apoyo relacionadas con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), se incumplió con la recepción de servicio conforme a los requerimientos.
Menciona que en uno, Bansefi no llevó a cabo un estudio de factibilidad porque consideró que se requería un “modelo administrativo”, aún cuando el contrato pedía una herramienta de Tecnología de Información.
Por lo anterior, agrega, en el desarrollo “no se contó con las condiciones de integridad y privacidad de la información de la bases de datos de beneficiarios que fueron utilizadas para la dispersión de recursos económicos derivados del terremoto ocurrido en septiembre de 2017 (del orden de 10 mil mdp)”.
El segundo consistía en la dispersión de programas gubernamentales a través de “medios de pago electrónicos”; pero el contrato fue terminado de forma anticipada “el mismo día que el proveedor finalizó con el desarrollo de las aplicaciones pactadas”.
La Auditoría refiere que, en consecuencia, “no fue posible instalar las terminales punto de venta que estaban previstas en el plan de trabajo; asimismo, se comprobó que las aplicaciones desarrolladas no funcionan ni se tienen los prototipos con los cuales se autorizaron los trabajos”.