La expropiación en Lomas de Angelópolis planteada por el gobernador, Alejandro Armenta Mier no puede ser una decisión unilateral sino justificada, advirtió el Centro Empresarial de Puebla Coparmex, que encabeza Beatriz Camacho Ruiz.

Mediante un comunicado, dicha agrupación empresarial exhortó a que se privilegie el diálogo y el estado de derecho.

Este pronunciamiento de la Coparmex se da luego que el gobernador del estado advirtió que expropiar 4 hectáreas de Lomas de Angelópolis para hacer casas para elementos de la Policía Estatal, si Grupo Proyecta se niega a donar dos hectáreas para dicho proyecto.

Incluso, el gobernador dijo que ya se hizo la misma petición de donar terrenos a otras inmobiliarias, entre ellas a Haras.

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Tras esto, Coparmex publicó un pronunciamiento que dice lo siguiente:

El Centro Empresarial de Puebla no solo reconoce, sino que promueve acciones que garanticen condiciones dignas para todas las personas, especialmente para aquellas que, día a día, arriesgan su vida para resguardar la seguridad de los ciudadanos.

En este mismo sentido, impulsamos de forma constante e ininterrumpida en cada pronunciamiento, la necesidad de una gobernanza y responsabilidad compartida, como componentes esenciales de la Economía Social de Mercado y de la justicia social que hemos promovido desde la conformación del Modelo de Desarrollo Inclusivo, impulsado por COPARMEX Nacional.

Un modelo de país donde nadie se quede atrás y logremos romper con la desigualdad que tanto ha dañado a nuestra sociedad.

En congruencia con lo anterior, también hemos insistido en la necesidad de velar por el Estado de Derecho y por el Principio de Legalidad, donde la autoridad solo puede actuar dentro del marco que la ley le permite.

La expropiación, cuando está debidamente justificada por una causa de utilidad pública —como lo es la seguridad—, no es una decisión unilateral, sino un derecho constitucional. Sin embargo, para ejercerlo no basta con una declaración: se requiere el cumplimiento estricto de una serie de requisitos establecidos por la ley. Más aún, considerando la responsabilidad compartida en la gobernanza que hoy caracteriza al Estado de Puebla —y con la cual ciudadanos e instituciones coincidimos—, es fundamental priorizar el diálogo con el fin de construir la confianza y la unión que nuestro país necesita.

Consideramos de suma importancia, además de incentivar el diálogo constructivo, promover la inversión —entre otros sectores, la inmobiliaria—, ya que esto genera certidumbre jurídica frente a temores innecesarios.

La percepción de respeto al Estado de Derecho y la promoción del diálogo son claves para atraer inversión y fortalecer la confianza.

Rechazamos cualquier acción que ponga en riesgo el Estado de Derecho y el Principio de Legalidad, pilares fundamentales para vivir con plena confianza y seguridad.

Asimismo, hacemos un llamado al diálogo para que vivamos en un entorno de justicia social, donde prevalezcan en todo momento la certeza jurídica y el respeto al marco legal como fundamento de cualquier poder político.

El sector empresarial poblano está dispuesto a colaborar activamente en la construcción de soluciones que contribuyan a mejorar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, siempre que estas acciones se desarrollen en un entorno de certeza jurídica, respeto a la propiedad privada y compromiso con el desarrollo sostenible.

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