El IMCO advierte que entre menor presupuesto mayor es el riesgo de ceder a presiones políticas y actos de corrupción.
El Congreso de Tlaxcala es el sexto poder legislativo que destina el menor monto para cumplir con su función como auditor del Estado, a pesar de que es uno de los poderes cuyo presupuesto ha crecido desde 2019.
Lo anterior lo da a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) a través de la segunda entrega del Informe Legislativo 2021 Gobierno y Finanzas, que marca el comportamiento del presupuesto para cada congreso estatal y el monto que emplea para cumplir con una de sus tres funciones: fiscalizar.
Desde 2012 el presupuesto para el Congreso de Tlaxcala ha tenido bajas y altas; ese año ejerció 225 millones de pesos con una caída a 170 millones entre 2017 y 2018 para crecer de manera constantemente a partir de 2019 hasta 2021, año en el que ejercerá un monto de 350 millones de pesos, el más grande de los últimos 10 años.
Sin embargo, el presupuesto destinado para su función auditora es de apenas 23 por ciento, con ligeros repuntes anuales pero siempre debajo del 25 por ciento; este año solo ocupará 79 millones de pesos para auditar a los más de 110 sujetos fiscalizables.
El IMCO advierte que este comportamiento en los congresos propicia que las auditorias sean vulnerables a presiones políticas y presupuestales; en cambio, si se aprueban presupuestos amplios para los instrumentos de fiscalización se cerraría el paso a actos de corrupción.
El Congreso de Tlaxcala tienen el noveno presupuesto para auditorias más bajo después del Poder Legislativo de Morelos con 8 por ciento; Aguascalientes 13 por ciento; Nayarit 16 por ciento; Campeche y Ciudad de México con 19 por ciento; Oaxaca con 20 por ciento; Guerrero con 21 por ciento y CDMX con 22 por ciento.
De ese modo, las cifras para Tlaxcala son opuestas; según el IMCO cada ciudadano aporta 261 pesos para sus 15 diputados locales, de los cuales, solo 50 pesos son para la fiscalización y el resto para administración, sueldos y trabajo legislativo.
De acuerdo con el IMCO, auditar el destino de los recursos públicos y llamar a rendir cuentas a quienes excedan los límites presupuestales es una de las tres funciones de los Congresos, lo cual es importante para la competitividad estatal en el sentido de que lograr aprobar, vigilar, auditar y transparentar el destino de los recursos hace un Estado más confiable.