La CNDH emitió por violencia obstétrica en dos casos ocurridos en el Hospital General de Cuetzalan, así como el abastecimiento de medicamentos de todo tipo en los centros de salud del estado.


La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y el Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban Cruz” exigieron al gobierno de Puebla el cumplimiento de las recomendaciones que la CNDH emitió por violencia obstétrica en dos casos ocurridos en el Hospital General de Cuetzalan, así como el abastecimiento de medicamentos de todo tipo en los centros de salud del estado.

Marlene Tirado Ramírez, del Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban Cruz”, indicó que la primera recomendación pendiente es la 54/2016 emitida desde el gobierno de Rafael Moreno Valle en la que se refiere que una mujer de 21 años de edad, con 38.5 semanas de embarazo, acudió el día 19 de agosto de 2014 a dicho nosocomio con síntomas de trabajo de parto; sin embargo, no fue atendida, por lo que regresó a su hogar.

Al día siguiente, regresó al hospital donde dio a luz a su bebé, quien perdió la vida el día 21 de agosto, con diagnóstico de cardiopatía congénita cianógena y síndrome de aspiración de meconio (heces fecales) de 22 horas de evolución. Se determinó que la mujer estuvo 19 horas en trabajo de parto sin ser ingresada al hospital para diagnóstico y vigilancia.

La segunda queja es la 81/2019 en el que la víctima fue una adolescente indígena de 16 años, quien permaneció con el bebé que esperaba sin vida en su vientre por más de 48 horas pues cuando acudió al servicio de urgencias, del Hospital General de Cuetzalan, le informaron que debido a que era domingo, no había ginecólogo ni especialista para atenderla.

Sobre ambos casos, la activista indicó que se desconoce si se presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), así como si los médicos responsables han dejado de laborar en dicho hospital, además que las víctimas no han recibido la atención psicológica y médica que se dictó por parte de la CNDH.

HNP ahora cobra medicinas que antes eran gratuitas

Afuera del Hospital para el Niño Poblano (HNP), Oswaldo Villegas, vocero de la CNPA expuso el caso de Daniela Téllez, una niña de 7 años que no ha podido seguir su tratamiento médico por angioma debido a que el medicamento que requiere se le empezó a cobrar desde 2019, por lo que sus padres de escasos recursos no pueden comprarlo.

La madre de Daniela explicó que tiene gastar 800 pesos por el medicamento, sin embargo, indicó que no le alcanza para adquirirlo ni para traer a su hija desde Libres a sus citas en dicho hospital, pues su padre es campesino y llega a percibir alrededor de 80 pesos diarios por su trabajo.

Por ello, exigieron al gobierno de Puebla que tomen en cuenta al sector salud para revertir lo antes expuesto, no solamente inyectando recursos para brindar atención médica de calidad, si no también mejorar las condiciones laborales del personal de este sector.

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