Además, cinco unidades del transporte público y el servicio mercantil fueron sancionados por portar propaganda política-electoral.
Con el propósito de combatir el transporte irregular y verificar que las unidades de servicio público, mercantil y de aplicaciones cumplan con el marco legal en la materia, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) implementó operativos de vigilancia, dando como resultado la sanción de 13 unidades, de las cuales seis brindaban el servicio de taxi sin permiso, cinco unidades por portar propaganda política-electoral y dos rutas por invasión de derrotero.
De los seis vehículos que operaban como taxi sin permiso, tres corresponden a la marca Chevrolet y fueron asegurados en Puebla capital sobre la Avenida San Francisco, en la colonia El Cerrito y Reforma Sur. La cuarta unidad, un modelo Avanza de la marca Toyota, fue retenida sobre la carretera estatal Interserrana en Zacatlán.
Mientras que el quinto vehículo corresponde a un modelo Fiesta, marca Ford, que circulaba en las inmediaciones de Reforma Oriente en Tepeaca; además, personal de la SMT también aseguró un Volkswagen tipo Vento en Teziutlán. Dichas unidades fueron remitidas al depósito vehicular debido a que prestaban el servicio de taxi sin la autorización correspondiente.
Además, por portar propaganda política-electoral, la dependencia sancionó a dos unidades de la ruta S16, así como de las rutas RS14B y R3, ambas con un vehículo, además de un vehículo del servicio mercantil (taxi). Este operativo fue efectuado en la capital. Los vehículos incumplieron con el artículo 92 Ter y Segundo Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte, y 232 fracción IV Bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado.
Por invasión de derrotero, fueron detenidas dos unidades de la ruta 23-A cuando circulaban sobre el bulevar Clavijero a la altura del Periférico Ecológico.
De esta manera, la Subsecretaría de Transporte y Vías de Comunicación, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, reitera que este tipo de operativos tienen como finalidad dar seguridad a las y los usuarios del transporte público, mercantil y de aplicaciones, así como frenar el pirataje y la competencia desleal entre transportistas.