Se advierte que habría una «fuerte amenaza» a la seguridad pública, al desarrollo económico y el turismo, al maximizarse la violencia, disputa de “plazas”.
El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa enlistó la presencia de huachicoleros, la Familia Michoacana y del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como el incremento de la percepción de inseguridad y el incremento de ejecuciones, para justificar el decreto para asumir el control de la Seguridad Pública del Municipio de Puebla
Se advierte que de consolidarse esta pretensión, habría una «fuerte amenaza» a la seguridad pública, al desarrollo económico y el turismo, al maximizarse la violencia, disputa de “plazas”, cobro de extorsiones y vulnerabilidad institucional a nivel local.
«Fuentes de seguridad refieren que Los Zetas y Familia Michoacana, registran operaciones sólidas en los últimos años en Puebla; mientras que Los Beltrán Leyva y Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tiene algunas células criminales ligadas a éstos en la entidad».
El texto refiere que es «innegable el contexto de inseguridad que se registra en las zonas de mercados municipales, en donde la delincuencia común ha transitado hacia verdaderas organizaciones delincuenciales, dedicadas a la venta de drogas, cobro de piso a comerciantes y ambulantes, prostitución, robos, venta de productos robados, pornografía, entre otros ilícitos».
El decreto firmado por Barbosa el 24 de marzo también destaca que: «Las redes criminales han crecido a un ritmo acelerado, por lo cual actualmente gozan de impunidad y un alto poder de organización, armas de fuego y vinculación con otras células delictivas importantes, lo cual se ha permitido, rebase las capacidades del ámbito municipal».
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Además se refiere que «más allá de la incidencia de delitos comunes, se han registrado ejecuciones, cuerpos abandonados, feminicidios, una cifra considerable de robos, lo cual ha generado un contexto de inseguridad, totalmente perceptible para la sociedad y desfavorable a la acción institucional, lo que permite afirmar que la labor de prevención es prácticamente nula».
Y se agrega que: «Puebla Capital, representa uno de los objetivos prioritarios del CJNG en el escenario de expansión y control territorial en la República Mexicana, ante el atractivo de ganancias económicas que genera la extracción ilícita de combustible o “huachicoleo”, actividad ilícita recurrente en la entidad; de consolidarse esta pretensión, sería una fuerte amenaza a la seguridad pública, al desarrollo económico y el turismo, al maximizarse la violencia, disputa de “plazas”, cobro de extorsiones y vulnerabilidad institucional a nivel local», puntualizó.
Por lo anterior, a partir de este 25 de marzo, la Policía Municipal de Puebla debe acatar las órdenes que les transmita el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta a través de quien el designe, que en este caso sería Carla Morales Aguilar.
En el documento, también se señala que el 34.9 por ciento de los delitos de acto impacto que ocurren en el Estado se concentran en Puebla capital, además destaca las omisiones de 84 policías municipales que no aprobaron el control de confianza, situación que se le notificó en 13 ocasiones a la Comuna, que fue omisa sabiendo las sanciones administrativas y legales que corresponden por ello.
Dichos elementos, acusa, entregaron documentación apócrifa para su ingreso, aceptaron sobornos, incurrieron en actos de tortura, toleran actividades ilícitas, además de reflejar incongruencia económica y patrimonial, entre otros factores.
Lo anterior, se da tras los enfrentamientos entre Barbosa Huerta y la edil Claudia Rivera Vivanco quien se negó a aceptar la designación de Morales Aguilar como encargada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC).
En el decreto publicado este miércoles en el Periódico Oficial del Estado, se advierte que los elementos de la policía preventiva municipal que no acaten las órdenes que se les indiquen serán sancionados administrativa y/o penalmente.
Además se ordena a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal generar de inmediato una planeación para la seguridad del municipio de Puebla, que implique el uso coordinado de los recursos de ambos niveles de gobierno.
Decreto para asumir mando de la Seguridad Pública Municipal de Puebla