La Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan a funcionarios barbosistas por la inversión que la administración del exgobernador hizo en Banco Accendo en 2021.
Por su parte, la ASE pidió fincar responsabilidades administrativas sancionatorias en contra de los responsables y la FGR investiga a los servidores públicos por no desglosar inversiones.
En el informe individual de la Cuenta Pública 2022 del Poder Ejecutivo, la ASE dictaminó el inicio de cinco promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias por anomalías en diversos gastos del gobierno estatal del último año que estuvo al frente Miguel Barbosa Huerta.
Entre estas promociones de responsabilidades resaltó la hecha en el rubro de Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022, respecto del apartado «Notas al Estado de Situación Financiera».
Se identificó que en el rubro «Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo» se erogaron mil 117 millones 810 mil 357 pesos, el cual incluye el reconocimiento de Inversiones Financieras por Recuperar, mismo que integra la cuenta de Deudores Diversos a Largo Plazo del ejercicio 2022.
La Auditoría determinó que la información del ejercicio 2021 no presentó la desagregación de la información relacionada con las inversiones hechas por el gobierno o estatal, sin embargo, lo relacionado con inversiones del 2022 sí contó con el detalle de los deudores.
Esto coincide con el caso de Banco Accendo, en el cual, durante el periodo del 9 de junio al 7 de septiembre del 2021, la Secretaría de Planeación y Finanzas ejecutó 14 inversiones a esa institución que quebró ese año.
De las 14 operaciones bancarias realizadas, 11 resultaron exitosas por alrededor de 3 mil 6 millones 127 mil pesos, mientras que tres movimientos por 600 millones de pesos se vieron afectados porque el banco se declaró en quiebra.
Ante esto, se determinó que la información presentada en el ejercicio fiscal 2021 incumplió con las cualidades de la información financiera a producir de confiabilidad, comparabilidad, relevancia, entre otros, por lo que se advirtió la inobservancia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
“0221-22-80/30-CP-PRAS-01 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria: Para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de las personas servidoras públicas que, en su gestión no presentaron las características cualitativas relevantes de la cuenta de Deudores Diversos a Largo Plazo, en las Notas a los Estados Financieros, con fundamento en los artículos 21, 22, 33, 44 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (revelación suficiente, consistencia, e importancia relativa); además, incumplió con las cualidades de la información financiera a producir, es decir, confiabilidad, comparabilidad y relevancia”, expuso la ASE en el informe de la Cuenta Pública 2022 del Poder Ejecutivo.
El secretario de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, informó en meses pasados que la dependencia investiga a dos ex funcionarios de primer nivel relacionados con dichas operaciones financieras, aunque no reveló sus nombres.
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