La funcionaria municipal criticó que las instancias de atención a menores sólo cumplen con su responsabilidad.
La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género del ayuntamiento de Puebla, Catalina Pérez Osorio, informó que en los últimos 15 días se registraron cinco casos de sustracción ilegal de menores en el municipio de Puebla, los cuales no fueron atendidos por el DIF estatal; además durante la contingencia sanitaria se han registrado 131 reportes de posible maltrato infantil.
Además, dijo que el DIF estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) son los facultados para atender estos casos, sin embargo, los afectados no han encontrado atención en dichos organismos, por lo que acuden a instancias municipales donde se les brinda asesoría.
“Le toca al DIF estatal, el DIF municipal no tiene en sus funciones llevar estos casos, pero los hemos atendido porque no ha habido respuesta en otras instancias, y cuando las mujeres recorren las instancias correspondientes y no hay respuestas acuden a nuestra secretaría o al DIF municipal”, expresó.
En ese contexto, la funcionaria municipal criticó que las instancias de atención a menores sólo cumplen con su responsabilidad cuando los casos de maltrato infantil se vuelven mediáticos, “Si un caso es mediático, que no debe ser así, las instituciones a las que corresponde este servicio lo hacen, pero si no son mediáticos no pasa nada, la responsabilidad de todos es atender los casos y llevarlos a buen término”, reprochó.
Destacó que los principales tipos de violencia que les han sido reportados durante la contingencia sanitaria son: violencia psicológica (192 casos), económica (89 casos), física (82), sexual (56), patrimonial (55) y cibernética (6).
Además que brindaron 93 asesorías psicológicas y jurídicas de forma presencial, telefónica y a través de videollamadas. En su intervención, la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco recalcó que los casos de violencia contra la mujer y menores de edad no deben ser mediáticos para atenderse; por ello llamó a los tres órdenes de gobierno a generar entornos seguros para erradicar la violencia que se ha normalizado.