La medida ha sido calificada de inconstitucional y violatoria de los derechos humanos por las agencias especializadas de la ONU.
El diputado del PAN Oswaldo Jiménez López anunció que presentará la reforma conocida como “pin parental” al Congreso de Puebla, para que los padres de familia pueda vetar a sus hijos de cursos sobre educación sexual, ética y perspectiva de género que se brinda en las escuelas, por ser contrarios “a sus convicciones éticas, morales o religiosas”.
La medida ha sido calificada de inconstitucional y violatoria de los derechos humanos por las agencias especializadas de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) y la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, por contradecir el derecho a la educación laica y científica, razones por las cuales el Poder Legislativo de Nuevo León la rechazó en mayo pasado.
“A pesar de eso (vamos a impulsarla porque) lo que señala la Secretaría de Gobernación no tiene sustento”, aseguró el representante popular y sobrino del ex gobernador albiazul Antonio Gali Fayad.
En una conferencia de medios en línea, Jiménez detalló que la reforma propone corregir la Ley de Educación de Puebla para que la autoridad educativa estatal dé a conocer a los padres de familia de manera previa a su impartición, los cursos en rubros de moralidad, sexualidad y valores, a fin de que determinen si darán su consentimiento para la asistencia de los educandos, de conformidad con sus convicciones.
“Tendrán derecho a manifestar su oposición o negativa a que sus hijos participen en actividades, talleres, pláticas o charlas que contravengan sus principios morales, éticos o religiosos”, agregó.
Aseguró que se trata de un derecho que “está plenamente sustentado y basado en tratados internacionales de los que México forma parte” y refirió el artículo 26, inciso III, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que explícitamente señala que “los padres tendrán derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de brindarse a sus hijos”.
En tanto, las agencias especializadas de la ONU en materia de infancia (Unicef), educación (Unesco), derechos humanos (ONU–DH) y población (UNFPA) emitieron un comunicado el 16 de junio pasado en el que se pronunciaron en contra del “pin parental”, al señalar que si bien los padres y tutores tienen la responsabilidad primordial de la crianza, “esa responsabilidad no es discrecional ni absoluta, sino que está condicionada a que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plena y prioritariamente sus derechos”.