Puebla es cuarto lugar nacional en mujeres desaparecidas. En México, un total de 486 mujeres han sido asesinadas en la entidad entre 2015 y 2020.
Para contribuir a revitalizar las voces apagadas por la violencia machista día con día, la IBERO Puebla realizó una mesa de diálogo donde la perspectiva de las expertas en feminicidios fue trastocada por los ecos de quienes han vivido la tragedia de primera mano.
La maestra rural Patricia Mora Herrera, asesinada el 10 de noviembre de 2017, era consciente de las múltiples desigualdades e injusticias sociales que existen en el país y el mundo. Esos problemas, latentes en una comunidad donde las personas en edad escolar desertan en búsqueda de mejores oportunidades, la interpelaban día a día.
La docente nunca fue reconocida por la Secretaría de Educación Pública. Aun así, se levantaba a las cinco y media para llegar a trabajar a las ocho, pues se trasladaba desde Totoltepec hasta Zacapoaxtla. Fue asesinada mientras regresaba del trabajo.
“En México, prolifera una desesperanza que supone morir en vida; la existencia se pierde como un líquido”, lamentó su hermano, Jacobo Mora Herrera. Hace casi un año, Patricia tuvo una justicia retributiva a nivel penal, pero, como reflexionó el escritor, quedan heridas por sanar ante la ausencia de una compensación.
De ahí que el escritor destaque la importancia de generar una teoría que esté cercana a las víctimas y sus experiencias: a través de la lucha social se han franqueado los muros de lo académico para dejar un registro de memoria. Historias como la de Patricia explican por qué instancias internacionales han señalado con preocupación la condición de México con respecto a la violencia de género, tanto por su brutalidad como por su impunidad.
Esto ha supuesto que a nuestro país se impongan reglas específicas, como una rendición de cuentas en la materia cada dos años (el resto de los países lo hace cada cuatro). Ante organismos como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el Estado mexicano argumenta que no existen mecanismos para aplicar los protocolos Amber y Alba, lo que refleja la falta de voluntad política para que esto ocurra.
Además, la búsqueda de personas no se da con base en los estándares internacionales. Así lo explicó Patricia Olamendi Torres, integrante de Red Seguridad Justicia y Paz para las Mujeres. Mientras la CEDAW exige que exista un protocolo de investigación crítica en materia de violencia feminicida, nuestro país cuenta con un conjunto de principios elementales que no corresponden a las necesidades reales. Actualmente, las autoridades han optado por reducir el número de feminicidios a través de la tipificación de los posibles casos como homicidios.
“Estamos viendo una autoridad omisa que sigue alimentando la impunidad”. Por el contrario, recordó la experta, se ha volcado a la represión de las expresiones de protesta y búsqueda de justicia.
De enero a septiembre de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 704 feminicidios a nivel nacional; en Puebla, 40. Con respecto a 2015, hubo un aumento del 70% en la entidad. A partir de las razones de género, las autoridades tendrían que investigar toda muerte violenta de mujeres como feminicidio, lo cual no ocurre. A nivel estatal, el año pasado se cometieron 79 probables feminicidios. La pandemia no ha hecho que esto disminuya: enero, febrero y junio son los meses donde más feminicidios se han registrado en 2020.
Estas cifras fueron presentadas por Ana Laura Gamboa Muñoz, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género, área del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla.
La impunidad obstaculiza el acceso a la justicia: entre 2012 y 2017 hubo 82 procesos por feminicidio en Puebla; solo 15 tuvieron sentencia. Por si fuera poco, de los municipios donde se registraron posibles feminicidios, en 26 de ellos había declaratoria de alerta de género, lo que devela que esta estrategia no ha ayudado a erradicar la violencia feminicida. Mirar hacia el pasado permite tener una visión clara del camino transitado.
En 2003, la ONU realizó un informe sobre los feminicidios en Ciudad Juárez. Si bien ha habido avances en materia de políticas públicas, las prácticas denunciadas en aquel entonces siguen siendo una realidad: falta de perspectiva de género y de recursos, ausencia de coordinación interinstitucional, maltrato hacia las víctimas, y fallas a la tipificación del delito.
Para Ana Lorena Delgadillo de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, no se puede pretender que deje de haber violencia contra la mujer si las instituciones mandan el mensaje de impunidad a través de la falta de investigación adecuada. Gracias a casos emblemáticos como el de Karla Pontigo se ha permitido instaurar la responsabilidad por cadena de mando, lo que obliga a las fiscalías a realizar un trabajo cabal y efectivo.
Por ello, invitó a recuperar los logros que se han tenido y a revisitar los diagnósticos previos para comprender el espacio y tiempo en el que nos encontramos. En su mensaje de clausura, Rosario Arrambide González, directora del IDHIE, reconoció el dolor por un Estado ausente que, pese a tener conocimiento de la violencia, no ha adoptado medidas para garantizar la seguridad de todas las personas. Recalcó que, frente a tales contextos, surge un deber de diligencia estricta frente a las denuncias de desaparición.
Al mismo tiempo, se observa la resistencia representada por las familias en la búsqueda incansable de justicia y verdad frente a la falta de respuesta institucional, misma que se manifiesta en los movimientos, colectivos, organizaciones y universidades que se unen a estas exigencias.
Los horizontes de esperanza los dan, igualmente, las personas que exigen justicia ante la ausencia de sus seres amados y de miles de personas en todo el país. “Que las autoridades no sean ajenas al dolor de las familias y que les permitan llegar al horizonte de esperanza”, cerró.