La fuerza trabajadora mexicana avanza a pasos lentos, pero seguros, hacia espacios de trabajo más dignos, justos y sanos. La cultura de la explotación laboral es uno de los mayores retos, pero las legislaciones comienzan a corregir con mano dura las prácticas de precariedad laboral que se ejercen desde los empleadores, y que permean en la sociedad en general.
“Aspectos como la depresión, el hostigamiento o la sobrecarga de actividades se empiezan a hacer notorios en las personas, por lo que es el punto más fuerte por trabajar: los aspectos asociados al estrés laboral”. Estos fueron los primeros pasos que ha podido rastrear la Dra. Gabriela Roldán Hernández.
La académica del Departamento de Ciencias de la Salud de la IBERO Puebla, ha dedicado parte de su trayectoria profesional a la investigación y documentación de la salud mental de los trabajadores en un contexto donde sus derechos no son tomados en cuenta, y el Estado brilla por su ausencia cuando se trata de garantizarlos.
En este proceso, pudo identificar que la lucha en favor de espacios de trabajo dignos alrededor del mundo existe desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles.
Desde sus inicios, la organización trabajó en favor de la creación de derechos fundamentales que favorezcan la dignidad de las personas, pero fue en 2008, con la llegada de la crisis inmobiliaria y financiera de la época, que enfocaron sus esfuerzos en la seguridad y salud en el trabajo.
Según la experta, este cambio de paradigma se debió a que la crisis provocó un repunte alarmante en las muertes provocadas por las condiciones precarias de trabajo alrededor del mundo. Tan solo en 2014, la OIT informó que cada año mueren 2.3 millones de personas debido a accidentes o enfermedades causadas por el trabajo. A esto se suman casos como los de las empresas France Télécom o Foxconn, donde se registraron suicidios masivos a causa del acoso laboral.
Estos testimonios fueron detonantes para cambios más grandes, como el reconocimiento y la implementación de los cinco ejes fundamentales de la OIT en los marcos legales de los países afiliados, o la garantía de un entorno de trabajo seguro y saludable en el marco de principios y derechos fundamentales en el trabajo.
En México, las legislaciones contra la precariedad fueron una realidad que se vivió décadas después de la creación de la OIT. Comenzó con la Ley Federal del trabajo en 1931, que dio pie a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2003, la cual promueve la no discriminación y la erradicación de cualquier acto que impida la igualdad de oportunidades para todas y todos.
De ahí en más, el camino sigue siendo labrado: “A partir del 2015 empieza a haber modificaciones mucho más importantes en materia legal en nuestro país. Hay modificaciones al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, y es la primera vez que se incluyen aspectos del orden de la salud mental dentro de este este reglamento”.
La depresión, el estrés laboral y el insomnio comenzaron a ser temas de la agenda pública gracias a estas iniciativas. Se evidenciaron las malas prácticas que se cometen para sacar provecho de las y los trabajadores; por ejemplo, firmar contratos indefinidos sin acceso a prestaciones o garantías laborales. “La diferencia entre el discurso y la realidad todavía tiene un tramo bastante grande”. Para la Dra. Roldán, los derechos laborales y la garantía de seguridad y salud en el trabajo siguen viéndose como un lujo.
“En el momento en el que entendemos que esos son nuestros antecedentes y que contra eso estamos luchando, el nivel de resistencia va a ser muy alto porque es mover el estatus. La invitación no es solamente concientizar como instituciones, sino también como personas, cuestionar el sistema de creencias que tenemos respecto al trabajo”.
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